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Los senadores inicialmente modificaron el proyecto con la intención de devolverlo a la Cámara de Diputados el documento. Llamaron la atención sobre el artículo 2, inciso 3 y aclararon en el texto que el acto de interceptación por parte de una aeronave debe realizarlo la Fuerza Aérea Paraguaya y no cualquier aeronave civil paraguaya, como se establece en la versión de Diputados, que hoy quedará sancionada.
El artículo quedará de la siguiente manera: Interceptación: El acto por parte de una aeronave paraguaya de aproximarse a otra aeronave y permanecer cerca de ella, con el fin de identificarla y, en caso necesario, hacerla regresar a su ruta planificada; dirigirla fuera de los límites del espacio aéreo de Paraguay, escoltarla fuera del espacio aéreo restringido, prohibido o peligroso; o darle instrucciones para que aterrice.
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Los senadores incluso llegaron a aprobar, durante el estudio en particular -que no quedará firme por quedar sin quórum- la Fase I y la Fase II, que se refieren al uso de disparos de advertencia como medida de advertencia, utilizando municiones que contengan proyectiles trazadores, para asegurarse de que el piloto se entere de que ha sido interceptado y en comunicación por radio se le informe que, en caso de no cumplimiento, se pasará a la Fase III que habla de la neutralización de una aeronave en vuelo mediante la utilización de las armas del sistema de defensa aérea.
Un total de 24 senadores, entre ellos colorados cartistas y oficialistas, además de liberales llanistas y de otros sectores opositores se ausentaron al momento en que debía definirse el polémico artículo que habilitaba el inicio de la Fase I antes de habilitar el derribo de aviones.
Estrategia para que quede firme la versión de Diputados
El senador Hugo Richer (FG), presidente de la comisión de Legislación, indicó que la intención de los senadores ausentes fue dejar sin quórum la sesión para que quede firme la versión de Diputados ya que, en la fecha, el proyecto tiene sanción ficta.
Los senadores en contra del “derribo de aviones” manifestaron que, con la normativa, se habilitaba la pena de muerte, que no está contemplada en la Constitución Nacional y que se perderían las cooperaciones de los Estados Unidos en la materia y hasta la licencia para importar radares o aviones.
Por otro lado, los defensores del derribo hablaron de que se lucharía eficazmente contra el crimen organizado y que incluso la norma serviría para defender la soberanía nacional, en caso de un inminente peligro de ataque a las represas binacionales.