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La normativa, que tuvo dictámenes en contra de las comisiones del Senado, buscaba forzar a los objetores de conciencia, de 1992 al 2010, a “regularizar” su situación, optando entre prestar un servicio sustitutivo o pagar una contribución equivalente a cinco jornales mínimos (G. 440.225), según el polémico proyecto de ley.
La iniciativa tenía media sanción de la Cámara de Diputados. Los proyectistas son los diputados Jorge Avalos Mariño (PLRA) y Derlis Maidana (ANR, cartista). Sin embargo, los senadores en todo momento atribuyeron el texto a Miguel Godoy y a su intento de “blanquear” los cobros ilegales hechos hasta ahora a los objetores.
Desirée Masi (PDP), en representación de las comisiones, señaló que Godoy ya fue denunciado por exacción por los funcionarios del ente y que este proyecto no aclaraba el destino que tendría la recaudación, hablando de “programas para la niñez” que no existen .
Narró que incluso la ministra del Trabajo (Carla Bacigalupo) acusó a Godoy porque sus “enviados” recorren empresas exigiendo el pago de G. 440.000 a los objetores, lo que calificó como un cobro coercitivo que no existe.
La legisladora dijo que incluso tienen denuncias de cobros por adelantado a personas que no contaban con 18 años; que las multas cobradas ascienden a 4.000 personas y que la comunidad favorita para esta actividad ilegal de cobro fueron los menonitas.
Blas Lanzoni (PLRA) leyó un dictamen que recomendaba el rechazo del proyecto por inconstitucional ya que violaba derechos fijados en la Carta Magna como el artículo 14 al exigirse un pago “retroactivo”.
Eusebio Ramón Ayala (PLRA) dijo que el proyecto pretendía privar de varios derechos a los objetores como la obtención de pasaportes; el derecho a trabajar en la función pública y el acceso a becas entre otros.
Carlos Filizzola (FG), de la Comisión de Equidad y Género, anunció que mañana emitirán un pronunciamiento contra Godoy por sus ataques a varias mujeres.
Stephan Rasmussen (PPQ) calificó a Godoy de “personaje” que “no tiene todo los jugadores” (loco) y anunció que empezarán a trabajar para sacarlo del cargo a través de un juicio político.