Cargando...
Existen tres versiones; una de las propuestas fue presentada por Ejecutivo y otras dos son iniciativas de senadores. La propuesta incluye la prohibición de la llamada “puerta giratoria”, consistente en que un funcionario, tras ejercer un cargo público, pasa inmediatamente al sector privado con información privilegiada del Estado.
La normativa establece la lista de funcionarios públicos de alto rango que están obligados a presentar su declaración jurada de intereses, que serán públicas, con reserva de datos sensibles personales y familiares.
Entre las prohibiciones a los funcionarios públicos, se encuentran la de prestar al mismo tiempo servicios a entidades privadas vinculadas a su función pública específica, a excepción de la docencia.
Lea más: El Senado estudiará nuevo proyecto sobre conflicto de intereses
Autoridades de aplicación de la ley
La autoridad de aplicación de la ley será la Secretaría Anticorrupción, así como también la Contraloría General de la República, la Fiscalía y el Poder Judicial, cuando corresponda.
En la Cámara de Diputados, también fue presentado un proyecto de ley similar. Sin embargo, en dicha Cámara, como en el Senado, tampoco habría intenciones de que el proyecto termine siendo aprobado por el Congreso, ante el temor que termine perjudicando a quienes queden fuera de la Función Pública.
El expresidente Horacio Cartes declarado por el gobierno de Estados Unidos como “significativamente corrupto” fue el que mayor ventaja sacó de sus funcionarios, ya que varios de ellos son empleados de suss empresas privadas (Grupo Cartes).