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La Constitución Nacional, en su artículo 197, señala que no pueden ser candidatos a senadores ni a diputados “los condenados por sentencia firme a penas privativas de libertad, mientras dure la condena”.
Precisamente, el exsenador expulsado del Congreso y actual candidato a Diputado en Asunción por Honor Colorado, Víctor Bogado (ANR, HC), ya cumplió la obligación de donar G. 480 millones a entidades de beneficencia en la causa “niñera de oro” en la que fue condenado a 1 año de prisión, pero con suspensión de la ejecución de la pena.
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El pago, que cierra la aceptación de su condena firme, se dio luego de innumerables chicanas, desde que fuera imputado en octubre de 2013 y sentenciado en mayo de 2019, pasando a ser el primer legislador en recibir una pena judicial.
Justamente, la falta de una “pena firme y ejecutoriada”, fue la excusa que en la Cámara de Diputados dieron por años para no expulsar a legisladores que estuvieron presos y procesados por corrupción.
Para el TEP de la ANR, está habilitado
Para Santiago Brizuela, presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR, Víctor Bogado está habilitado a ser candidato. Indicó que como no existe una pena privativa de libertad, debe aceptarse la candidatura por principios básicos constitucionales.
Señaló que en un hipotético caso de condena firme y pena privativa, es la Justicia Electoral o el juzgado del caso el que debe enviar una comunicación oficial a la ANR.
Para Bogado, no hay condena firme
En contacto con ABC Color, Víctor Bogado sostuvo incluso que no hay condena firme en su contra. Dijo que la causa está por extinguirse y que nunca hubo pena privativa de libertad en su proceso. Anunció que con la extinción, solicitada por su defensa, hasta vendría su sobreseimiento definitivo.
Bogado sostuvo que el haber pagado la multa no implica haber “reconocido” ninguna sentencia judicial. Dijo que simplemente hizo este “esfuerzo económico” debido a que se encuentra en “campaña política” y porque la prensa estaba victimizando a las entidades de beneficencia que debían recibir los fondos.
“No fui condenado a pena privativa de libertad, cumplí las reglas de conductas conforme la sentencia. Fui habilitado sin ninguna observación por el tribunal partidario. Mi condena fue de un año con suspensión a prueba de conducta. Comenzó 4 de marzo de 2013 y terminó el 9 de diciembre 2020, se extingue a los cuatro años y prescribe a los tres años”, refirió.
“Todo el proceso fue mediático y político, con el objetivo de despojarme de mi banca ya en el 2013 y luego terminó en el 2019 la vendetta política. Nunca existió hecho punible debido a la atipicidad de supuesto delito”, remató.