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Existen tres versiones una de las propuestas fue presentada por Ejecutivo y otras dos son iniciativas de senadores. La propuesta incluye la prohibición de la llamada “puerta giratoria”, consistente en que un funcionario tras ejercer un cargo público pasa al sector privado con información privilegiada del Estado.
La normativa establece la lista de funcionarios públicos de alto rango que están obligados a presentar su declaración jurada de intereses que serán públicas con reserva de datos sensibles personales y familiares.
Entre las prohibiciones a los funcionarios públicos, se encuentran la de prestar al mismo tiempo servicios a entidades privadas vinculadas a su función pública a excepción de la docencia.
Asimismo, la de ser accionista o participar de alguna manera en una organización en un ámbito sobre el que el funcionario público tenga algún tipo de atribución o competencia.
También prohíbe a los funcionarios ser proveedores por sí o por terceros de bienes o servicios de cualquier organismo del Estado o municipalidad donde preste servicios.
“Muerte civil” del objeto de conciencia al Servicio Militar Obligatorio
Los senadores también tienen pendiente de tratamiento el proyecto de ley con media sanción de Diputados que plantea la “muerte civil” de los objetores de conciencia al Servicio Militar Obligatorio (SMO).
La normativa que tiene dictámenes a favor y en contra de las comisiones del Senado busca forzar a los objetores de conciencia de 1992 al 2010 a “regularizar” su situación con optar entre prestar un servicio sustitutivo o pagar una contribución equivalente a cinco jornales mínimos (G. 440.225), según el polémico proyecto de ley.