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“La Fiscalía actúa en un lado o del otro lado, pero ya no quiero entrar en esa etapa de quién (sic) nos acusamos más y menos. Todos tenemos a los que tienen que ‘corregirse’”, dijo durante la sesión ordinaria pasada el diputado por Itapúa Colym Soroka (ANR, oficialista), apelando ya a una “reconciliación”, teniendo en cuenta que Honor Colorado y Fuerza Republicana.
Ambos movimientos, en estos momentos están con un empate técnico en cuanto a líderes declarados “significativamente corruptos” por el gobierno de los Estados Unidos de América.
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“Vamos na a buscar la reconciliación del partido. El partido va a salir victorioso en las generales también (30 de abril de 2023). Va a tener mejor representante, un colorado como Arnoldo Wiens”, agregó Soroka, apelando a una especie de nuevo “pacto cicatriz”, pero aprovechando también la ocasión para promover al candidato presidenciable oficialista.
El del diputado colorado oficialista no fue un discurso aislado, ya que referentes del cartismo también apelaron a la “unidad”, alegando que si seguían las acusaciones entre correligionarios, hay riesgo de que la ANR vuelva a la llanura, tal como ocurrió en 2008.
“Evidentemente hay actores dentro del Partido Colorado que lo único que buscan es la destrucción del partido, con acusaciones que rayan la miserabilidad, con un resentimiento y odio incomprensible entre correligionarios”, afirmó por su parte también en la caldeada sesión del miércoles pasado el diputado Walter Harms (ANR, HC).
Lejos de ayudar para depurar ambas filas coloradas, Harms dijo que los correligionarios que mencionan las graves denuncias sobre presunta corrupción contra colorados, “pareciera ser que se verán satisfechos el día que el Partido Colorado esté en la llanura” (otra vez).
Pese a que desde su sector también atacaron duramente, Harms hizo un “llamado de tolerancia entre nosotros (colorados)”, en base a un una especie de pacto de impunidad en pos de mantener a la ANR en el poder en 2023. En el Senado, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) es uno de los principales promotores de este discurso.
Hasta hace poco, con el expresidente Horacio Cartes, el diputado Ulises Quintana y el difunto exsenador Óscar González Daher, Honor Colorado acaparaba los “significativamente corruptos” hasta que salió la designación de Hugo Velázquez, que equilibró un poco la balanza.
Estos apenas son los ejemplos más graves y mediáticos, pero hay más casos de salpicados por supuestos hechos de corrupción que buscan el poder el próximo periodo 2023-2028.
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Varias pruebas en puerta
Fuera de los discursos, los que realmente pondrán a prueba esta nueva intención de “pacto cicatriz” son los diputados colorados. La semana próxima posiblemente se estudie la conformación de Comisión Especial para analizar la intervención a la gestión de Gustavo Rodríguez (ANR, HC) al frente de la municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú.
Rodríguez, aún con serias denuncias en su contra, es candidato del cartismo a diputado por el departamento de San Pedro.
Igualmente, la próxima semana se analizaría el pedido de desafuero del diputado Esteban Samaniego (ANR, HC) y siempre está en vilo un pedido similar para el diputado Éver Noguera (ANR, oficialista). Es decir, uno por sector.
En el caso de Samaniego, busca el rekutú y en el de Noguera, es precandidato a Gobernador de Guairá, departamento donde las internas del 18 de diciembre serán candentes con otro importante condimento: En la primera quincena de setiembre culmina el plazo para que se entregue el informe final sobre la intervención a la gestión de Juan Carlos Vera (ANR, HC) en la Gobernación de Guairá.
En la Cámara de Diputados se debe definir si destituyen o no a Vera, sospechado de desvío de fondos covid-19 y que es candidato a senador por HC.
Juicio político a Sandra Quiñónez
Otro parámetro para medir este intento de unidad será saber si el oficialismo colorado cambió o no de postura ante el cuarto intento de juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
La designación de EE.UU. como “significativamente corrupto” contra el vicepresidente Hugo Velázquez (ANR, oficialista) y la apertura de una investigación en su contra por parte de la Fiscalía son elementos nuevos de presión que no existían al momento de haberse archivado el tercer intento de juicio político contra Quiñónez.
Antes de estos hechos, salvo dos excepciones, la de Miguel Cuevas y Luis Urbieta (este último ahora cartista), todos los diputados colorados oficialistas respaldaron el juicio político.