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Con 57 votos a favor, 18 en contra, 2 abstenciones y 3 ausencias, se sancionó y pasó al Ejecutivo para su promulgación o veto el cuestionado proyecto de ley que plantea un millonario pago de unos US$ 940 millones en pleno año electoral a supuestos exobreros de la Entidad Itaipú Binacional.
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Además de las objeciones técnicas y jurídicas, la nómina de 16.180 beneficiarios incluye a cuestionados beneficiarios, entre ellos altos funcionarios, candidatos a cargos electivos, seccionaleros e incluso fallecidos.
Entre los que respaldaron este criticado proyecto, figuran colorados cartistas y oficialistas, una veintena de liberales y hasta el independiente Jorge Brítez.
Los defensores de la iniciativa, tratando de sacar rédito electoral, alegaron que su respaldo era una posición “política” a favor del reclamo del estos beneficiarios, ya que, jurídicamente, el planteamiento no tiene sustento, dado que los plazos legales para cualquier reclamo ya prescribieron.
Ni proyectistas saben cómo se financiará
El artículo 11 del proyecto de ley sancionado establece que la repartija “será abonada con recursos de la Entidad ltaipú Binacional, de acuerdo con los estudios técnicos, financieros y económicos presentados que acompañan al presente proyecto y forman parte de la ley”. Sin embargo, ni siquiera los defensores pudieron garantizar la disponibilidad de los fondos.
Supuestamente, en el caso de promulgarse la ley, el dinero se obtendrá del precio de la tarifa de la energía de Itaipú, algo que en la práctica es imposible, ya que recientemente, por presión de Brasil, ese precio se bajó y el vecino país no tiene ninguna intención de volverlo a aumentar. De hecho, la postura es bajar aún más.
Itaipú, al ser una entidad sin fines de lucro, solamente obtiene fondos para su mantenimiento y los únicos recursos disponible fuera de dicho rubro son los fondos sociales.
Ante estos hechos, los pocos diputados que argumentaron en contra del proyecto, advirtieron que la impulsores eran unos “mentirosos” y buscaban “votos fáciles”.