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El proyecto que denota el pésimo servicio del IPS debía ser estudiado en la fecha por el Senado. El senador Juan Darío Monges (ANR, cartista) pidió adelantar el tratamiento, pero el senador Jorge Querey (FG) se opuso y pidió el aplazamiento, propuesta que fue aprobada. Querey sostiene que se debe fortalecer el sistema de seguro social.
Se trata del proyecto de ley con media sanción “Que deroga la Ley Nº 6.765/2021 Que autoriza la incorporación al seguro social del Instituto de Previsión Social de los funcionarios y contratados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de los Jubilados que hayan prestado servicios en dicha repartición”, presentado por los Diputados Hernán Rivas (ANR, HC) y Rodrigo Blanco (PLRA).
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Durante su alocución, Monges señaló que el IPS está totalmente rebasado y hace días nomás su titular estaba siendo interpelado en la Cámara de Diputados. Dijo que el ente argumentó un supuesto problema técnico que impidió el cruzamiento de datos; sin embargo, sostuvo que el problema tiene otro trasfondo, ya que los funcionarios del JEM requieren atenciones de urgencia y el ente previsional da turno para dentro de tres meses en algunos casos.
En la exposición de motivos se describen penurias que los asegurados del IPS atraviesan todos los días pero que los funcionarios del JEM no están dispuestos a tolerar. Se menciona incluso un amparo judicial para salvar al hijo de una funcionaria.
Señalan que “el servicio no se presta de manera efectiva y persisten los inconvenientes que atraviesan los funcionarios y sus familiares para ser asistidos en el Hospital Central y las clínicas periféricas del IPS, así como en las situadas en el interior del país, donde el personal encargado de la administración invariablemente comunica a nuestros colaboradores que los mismos no figuran en el sistema y, por ende, no pueden ser admitidos para consultas ni atendidos en urgencias”.
“Las definiciones denunciadas a la Presidencia por los funcionarios del Jurado consisten en dificultades de todo tipo, entre las que se encuentran los retardos en los agendamientos de citas médicas, de las cirugías programadas, el retiro de medicamentos, los análisis laboratoriales, entre otros. Estas múltiples quejas fundadas fueron comunicadas por el Jurado a la previsional, por lo que la misma se vio forzada a emitir una nueva circular interna. Pero, pese a todo lo expresado, los mismos son rechazados y se retiran sin ser atendidos”, agregan.
“Al respecto, estos inconvenientes están presentes desde el primer día de la vigencia de la ley, tal como el caso de la funcionaria María Dávalos, cuyo hijo recién presentó inconvenientes de salud y necesitó ingresar a Terapia Neonatal, y ante la negativa del IPS, la funcionaria debió recurrir a un amparo judicial”, señala también el documento.
“El 87,50% de los funcionarios no superan los 49 años; por ende, el nivel de demanda y necesidad de servicio de alta complejidad es mínimo; por el contrario, existe gran demanda en servicio de urgencia, de consulta médica y de estudios laboratoriales, los cuales han sido muy deficientes y los montos desembolsados no se traducen en asistencia sanitaria para nuestros colaboradores.”, finalizan.