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Con 57 votos a favor, 18 en contra, 2 abstenciones y 3 ausencias se sancionó y pasó al Ejecutivo para su promulgación o veto el cuestionado proyecto de ley que plantea un millonario pago de unos US$ 940 millones en pleno año electoral a supuestos exobreros de la Entidad Itaipú Binacional.
Además de las objeciones técnicas y jurídicas, la nómina de 16.180 beneficiarios incluye a cuestionados beneficiarios, entre ellos altos funcionarios, candidatos a cargos electivos, seccionaleros e incluso fallecidos.
Entre los que respaldaron este criticado proyecto figuran colorados cartistas y oficialistas, una veintena de liberales y hasta el independiente Jorge Brítez.
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Los defensores de la iniciativa, tratando de sacar rédito electoral, alegaron su respaldo era una posición “política” a favor del reclamo del estos beneficiarios, ya que jurídicamente el planteamiento no tiene sustento, ya que los plazos legales para cualquier reclamo ya prescribieron.
Ni proyectistas saben cómo se financiará
El artículo 11 del proyecto de ley sancionado establece que la repartija “será abonada con recursos de la Entidad ltaipú Binacional, de acuerdo con los estudios técnicos, financieros y económicos presentados que acompañan al presente proyecto y forman parte de la ley”, sin embargo, ni siquiera los defensores pudieron garantizar la disponibilidad de los fondos.
Supuestamente, en el caso de promulgarse la ley, el dinero se obtendrán del precio de la tarifa de la energía de Itaipú, algo que en la práctica es imposible, ya que recientemente esta tarifa por presión de Brasil, que no tendría ninguna intención de volverla a aumentar. De hecho, la postura del vecino país es bajar aún más.
Itaipú, al ser una entidad sin fines de lucro, solamente obtiene fondos para su mantenimiento y los únicos recursos disponible fuera de dicho rubro son los fondos sociales.
Supuestamente, en el caso de promulgarse la ley, los fondos se obtendrán del precio de la tarifa de la energía de Itaipú, algo que es prácticamente imposible, ya que ahora que se redujo a un punto intermedio, Brasil no tendría ninguna intención de volverla a aumentar. De hecho, la postura del vecino país es bajar aún más la tarifa.
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Advierte de veto o inconstitucionalidad
“No voy a permitir que los que quieren venir a congraciarse en un proyecto electoral, con votos fáciles y aplausos fáciles nos traten de mentirosos a los demás. Mentirosos son los que dicen que no va a afectar Fonacide, no va a afectar los gastos sociales. Mentirosos son los que dicen que Brasil va a pagar una parte”, afirmó la diputada Celeste Amarilla (PLRA), una de las que advirtió que los argumentos de los defensores de esta iniciativa son falaces.
El diputado Roberto González (ANR, oficialista) uno de los pocos colorados oficialistas que votó y argumentó en contra, detalló una serie de cuestionamiento jurídicos respecto a esta iniciativa, advirtiendo de que probablemente sea atacada de inconstitucional, si es que no se veta.
Otra vez denuncian amenazas contra los que votaron en contra
La diputada Kattya González (PEN), quién argumentó durante la sesión su postura en contra la aprobación de este proyecto, denunció haber sido amenazada a través de un mensaja de texto.
“Mi voto al igual que el suyo es libre. Puede seguir votando, en cada elección, por los ladrones y traidores de las cúpulas mafiosas que les engañan y hambrean desde hace 70 años Yo voy a seguir recorriendo mi país con la frente en alto y las manos limpias. Basta de amenazas”, indicó la diputada Gonzalez, exponiendo un mensaje que le advertía no ir hasta al departamento de Alto Paraná.
Durante el tratamiento previo en la Cámara Alta, la senadora Desirée Masi (PDP) también denunció haber recibido amenazas personales y hacia su familia por parte de los manfestantes.
“Se puede amenazar de diversas maneras, pero lo que no pueden hacer es amenazar incluso como están haciendo con mis hijos, así que se pueden ir bien a la p...” había dicho en su momento Masi, en respuesta a los mensajes recibido en su momento.