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Ayer, la comisión de Legislación emitió dictamen por la aprobación con modificaciones, según informó el presidente de dicha comisión, el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA). El tratamiento del proyecto fue postergado la semana pasada por falta de quórum.
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La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, establece la obligatoriedad para todos los puertos públicos y privados de contar con escáneres de contenedores, que deben ser administrados por la Dirección de Aduanas.
Según explicó Ávalos Mariño, la modificación que sugieren establece precisiones en la implementación de la ley durante el plazo de un año de transición para la implementación del sistema.
Igualmente, las comisiones de Lucha contra el Narcotráfico, la de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo y la de Asuntos Económicos y Financieros también plantean la aprobación con modificaciones.
La iniciativa, proveniente del Senado, tuvo incluso el consenso con los propietarios de los puertos privados, atendiendo que como sector también están preocupados por el hecho de que Paraguay se constituyó como uno de los puntos principales en la ruta de envíos de droga (colombiana o boliviana) hacia Europa.
Ampliaciones presupuestarias para Senadis y Contraloría
En el orden del día también figuran dos proyectos varias veces postergados por falta de quórun. Se trata de un proyecto de Ley de ampliación presupuestaria para la Contraloría General de la República (CGR), donde ya no existe posibilidad de rechazo, sino simplemente definir el monto final de la ampliación, que será destinada a pago de salarios, bonificaciones y gratificaciones en su mayoría.
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La Cámara Baja deberá definir si acepta el recorte de G. 4.000 millones que realizaron en el Senado o se ratifiican en su propuesta inicial, que era conceder una ampliación para los que resta del años de unos G. 15.114.839.508 para gasto corriente casi en su totalidad. Lo aprobado en Senado implicaría una erogación un tanto menor, puntualmente de unos G. 11.114.839.508.
En el caso de que Diputados se ratifiquen, el Senado requerirá de 23 votos para ratificarse en su versión y sancionarla.
También figura otros proyecto de ampliación presupuestaria para Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) consistente en unos G. 16.279.825.000, que serán destinados tanto para gasto corriente (bonificaciones), como por otra parte para compra de medicamentos. El proyecto se encuentra en su primer trámite.
Interpelaciones y juicio político, en suspenso
Ayer se realizó la reunión de mesa directiva de la Cámara de Diputados, donde se definió que, al menos esta semana, no se tratarán “temas sensibles” como la interpelación al titular de Itaipú Binacional, Manuel María Cáceres, y de la ANDE, Félix Sosa, sobre la reducción de la tarifa acordada con el Brasil. En estos casos, ni siquiera aún se remitieron los cuestionarios, trámite necesario para que corra el plazo de convocatoria.
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Igualmente, seguirá pendiente la aprobación o rechazo del voto de censura al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, cuya interpelación se realizó la semana pasada. Por su parte, el cuarto pedido de juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, seguirá cajoneado, ante la falta de acuerdo.