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El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, recientemente designado como “significativamente corrupto” por Estados Unidos, ante un supuesto caso de soborno a un funcionario público a través de Juan Carlos Duarte, exdirector Jurídico de Yacyretá, cuenta con una serie de denuncias por presuntos hechos de corrupción.
Inicios de su carrera política y en la función pública
Velázquez nació el 3 de setiembre de 1967 en Itacurubí del Rosario, del departamento de San Pedro, lugar donde creció. Sus primeros pasos por la política los dio cerca de sus 20 años, afiliandose al Partido Colorado en 1987.
Años más tarde, logró ser electo como presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), lugar donde formó su base política, considerando incluso que hasta hace poco tiempo, los últimos presidentes de la casa de estudio, respondían al vicepresidente de la República.
Tras su paso por Derecho UNA, pasó a ser presidente de la seccional 350/2 de la ciudad de Lambaré en 1998. Fue luego de ser presidente de seccional que llegó a la función pública, lográndose ubicar como fiscal.
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Desde su ingreso al Ministerio Público tuvo una carrera ascendente bastante rápida. Cerca del inicio de los años 2000, tuvo una participación no muy importante en la investigación del “megaasalto”, en el que asaltantes se hicieron con US$ 11 millones, durante un atraco en el aeropuerto Silvio Pettirossi. También participó de las investigaciones del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.
Poco después de la liberación de la víctima de secuestro, Juan Arrom y Anuncio Martí, hoy prófugos de la justicia paraguaya, demandaron a Hugo Velázquez por secuestrarlos y torturarlos. Esta demanda llegó a instancias supranacionales, donde fue desestimada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que salvó al Estado paraguayo de pagar millones de dólares en indemnización.
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Denuncias cuando fue Fiscal Adjunto de Alto Paraná
En el 2003, Óscar Germán Latorre, quien se desempeñaba como Fiscal General del Estado, designó a Hugo Velázquez como Fiscal Adjunto de Alto Paraná, quien conformó un equipo del que formaba parte el exdirector jurídico de Yacyretá, también designado como “significativamente corrupto” por Estados Unidos, Juan Carlos Duarte.
Durante su gestión como Fiscal Adjunto, Velázquez fue denunciado junto a su equipo por supuestamente extorsionar a comerciantes de la zona, allanando locales “de oficio” por presuntos casos de megaevasión que quedaban en la nada.
El abogado Fernando Sosa Barreto incluso denunció a Velázquez como supuesto cabecilla de la mafia de las marcas. El entonces fiscal adjunto fue denunciado además por supuestamente recibir coimas a través de un estudio jurídico, así como también del presunto beneficio con contrataciones millonarias por servicios jurídicos realizados por la Itaipú.
El fiscal Héctor Velázquez fue designado para investigar causas abiertas contra Hugo Velázquez y otros más por supuesto cohecho y prevaricato. Sin embargo, las mismas quedaron archivadas, siendo el fiscal de la causa cuestionado por supuestamente omitir diligencias.
Posteriormente, Hugo Velázquez fue enviado al Chaco, en donde habría enfrentado denuncias similares, hasta que renunció a la Fiscalía en el 2007 para dedicarse de lleno a la política.
Retorno a la política de la mano de Nicanor
Ya durante sus años como fiscal adjunto, Hugo Velázquez se jactaba de ser muy cercano al entonces presidente, Nicanor Duarte Frutos. Lo que se confirmó cuando fue electo como Diputado por Central en el 2008 por el movimiento nicanorista.
Sin embargo, en el periodo siguiente, no tuvo problema alguno para aferrarse al también hoy designado por los Estados Unidos como “significativamente corrupto”, Horacio Cartes. Fue electo nuevamente como diputado en el 2013 por el cartismo, periodo en el que logró presidir la Cámara hasta el final, debido a la modificación del reglamento conseguida.
Rompió relaciones con Horacio Cartes en el 2017, luego de frenar el tratamiento de la enmienda impulsado por el líder de Honor Colorado. Además, el empresario tabacalero dejó de lado a Velázquez en la conformación de la chapa presidencial, en la que fueron incluídos Santiago Peña y Luis Gneiting.
Fue en ese mismo año en el que Hugo Velázquez decidió formar parte del movimiento Añetete, para conformar la dupla presidencial con Mario Abdo Benítez.
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Denunciados por Enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias
La Coordinadora de Abogados del Paraguay denunció a Hugo Velázquez y a su esposa, la exfiscala adjunta, Lourdes Samaniego, por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Esta denuncia se presentó debido al crecimiento exponencial del patrimonio de la pareja. Entre los bienes que figuran a nombre del matrimonio se destacan al menos media decena de propiedades entre Asunción y Central, además de un stud de caballos de raza y empresas relacionadas al comercio de equinos.
Hijos, sobrinos y hasta nuera de Velázquez viven del Estado
Varios miembros de la familia de Velázquez son funcionarios públicos con salarios cuya suma total le costaría al Estado aproximadamente más de G. 3.500 millones.
Carmen Velázquez de Martínez, hermana del vicepresidente de la República, es funcionaria de la ANDE desde 1987, como jefa de oficina con una remuneración de G. 14.094.615 al menos hasta el 2019.
Martha Lorena Velázquez Moreno, otra de las hermanas del Vicepresidente, recibe G. 6.277.900 desempeñándose como asistente fiscal desde el 2010.
Sonia Elena Escauriza, exesposa de Hugo, es funcionaria del MEC llegando incluso a ocupar el cargo de Directora Jurídica durante la administración colorada actual, percibiendo G. 16.595.199 al mes.
Dionicio Alberto Velázquez Giménez, uno de los hijos del Vicepresidente de la República, figura como funcionario de Itaipú desde el 2008 percibiendo G. 38.480.164 luego de ser designado como jefe de departamento en el 2013, en coincidencia con la presidencia de su padre en la Cámara de Piputados.
Sonya Rebeca Velázquez Escauriza, hija de Hugo Velázquez, ingresó en el 2008 a la EBY en la asesoría jurídica y estaría percibiendo G. 18.108.485 al mes.
Jorge Luis Samaniego Cino, hijo de Lourdes Samaniego, actual pareja del Vicepresidente, figura como coordinador y supervisor de coordinadores departamentales del TSJE. Percibiría G. 12.714.250. al mes.
Su esposa, Carmen Yuki Takamura Hashimoto, ingresó a la Cámara de Diputados con la llegada de Velázquez, percibiendo G. 12.000.000 por ser jefa de Auditoría Interna de la Cámara.
Herit Renato Samaniego Cino, otro hijo de Lourdes Samaniego, pasó a ser jefe de escrituras públicas y contratos del fondo ganadero, ganando G. 7.784.100 al mes, en coincidencia con la llegada de Velázquez a la titularidad de la Cámara Baja.
El tercer hijo de Samaniego, Aldo Fabrizio Samaniego Cino, ingresó en 2014 al Banco Nacional de Fomento, logrando ser nombrado en menos de un año, e incluso designado como jefe de división con un salario de G. 9.400.000 mensuales.
Héctor Iván Velázquez Domínguez, sobrino de Hugo, figura como asesor de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Cámara de Diputados, recibiendo G. 13.300.000 al mes.
Rolando Martínez Velázquez, otro sobrino del Vicepresidente, ingresó en el 2012 a la Cámara de Diputados, y hasta el 2019 figuraba como director general percibiendo G. 27.084.600 por mes.
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Velázquez junto a un sospechado de financiar el terrorismo
Una de las fotos que más se le cuestiona a Velázquez, es una donde aparece con el empresario Árabe con sede en Ciudad del Este, Walid Amine Sweid. El vicepresidente no tuvo problema en admitir que era su amigo durante una entrevista brindada en el 2016.
La foto fue tomada cuando Hugo Velázquez tomaba sol en un yate junto a Sweid durante un viaje oficial al Líbano, invitados por el entonces embajador paraguayo, Hassan Khalil Dia.
Tanto Dia como Sweid son mencionados en un informe que fue presentado ante el Congreso de los Estados Unidos, en el que señalan a Walid Amine Sweid un supuesto financista del Hezbolá, grupo considerado como terrorista por Estados Unidos.
En esa misma fotografía aparecían también el exfiscal de marcas Juan Carlos Duarte, mano derecha de Velázquez mientras éste último era fiscal adjunto, Juan Carlos Sosa Barreto y Ricardo Galeno Fariña.
Sweid también figura como uno de los propietarios de Global Logistics Solutions SA, la empresa que sería cabecera de un enorme esquema de lavado de dinero que operaba desde Ciudad del Este y que habría blanqueado unos 1.200 millones de dólares.
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El acta entreguista y el salvataje del juicio político
Uno de los últimos casos que casi le costó el puesto tanto a Mario Abdo Benítez, como a Velázquez, fue el del acta entreguista de Itaipú. El abogado José Rodríguez González, operó a favor de la eliminación del punto que habría permitido a Paraguay vender energía eléctrica al mercado privado del Brasil. El mismo ratificó en varias ocasiones que trabajaba con el Vicepresidente de la República.
Durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, Velázquez, luego de prácticamente negar a José Rodríguez González durante todo el día, reconoció su cercanía con el mismo. Ante la consulta del diputado Sebastián Villarejo de cuándo fue la última vez que se reunió con el abogado, el segundo del Ejecutivo respondió: “El domingo para ver un partido de fútbol”.
Luego de varios días de intensa negociación con diputados, principalmente de Honor Colorado, el sector que respondía a Horacio Cartes anunció que no acompañaría el pedido de Juicio Político planteado por los sectores de la oposición contra el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el Vicepresidente, Hugo Velázquez, salvando así el cartismo a los principales líderes del movimiento hoy denominado como Fuerza Republicana.
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Inclusión en lista de beneficiarios de indemnización de Itaipú
Una de los últimos cuestionamientos al Vicepresidente de la República antes de su designación por Estados Unidos como “significativamente corrupto”, fue la inclusión de su nombre en la lista de indemnización de exobreros de empresas contratistas de Itaipú.
La misma estaba siendo tratada en el Congreso y estaba siendo impulsada por el mismo Velázquez. El monto de la indemnización alcanzaría aproximadamente 940 millones de dólares para 16.180 personas que figuran en la lista depurada. Hugo Velázquez, al darse a conocer que figuraba en la lista, había pedido ser excluido, según trascendió.