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Dos de ellos son de US$ 200 millones cada uno, de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para calzar el presupuesto 2022. Ambos tienen dictamen favorable de las comisiones.
El otro préstamo de US$ 215 millones, también del BID, está destinada a la construcción de la ruta Nanawa-General Bruguez, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
En el caso del crédito del BID, de los US$ 200 millones, se destinarán US$ 100 millones a Salud Pública, de los cuales se usarían unos US$ 50 millones para calzar el presupuesto faltante en salarios, según había aclarado el senador liberal Amado Florentín.
Esta situación fue defendida por la senadora Desirée Masi, destacando la necesidad de que se cumpla con el personal de blanco.
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El senador Florentín denunció el hecho de que el Gobierno eche mano a deuda pública y la emisión de bonos soberanos para pagar salarios y gastos rígidos.
<b>Protección a testigos</b>
En el orden del día de la sesión también figuran para su tratamientos dos proyectos de ley similares: uno de Protección a denunciantes y testigos de casos de corrupción y el otro que establece el Programa de protección a testigos, víctimas, colaboradores de justicia y otros sujetos intervinientes en el proceso penal.
Según trascendió, pedirán la postergación del estudio por 30 días por varias observaciones al texto que se venía trabajando en la comisión.
Adelantaron que invitarán a representantes de la Embajada colombiana para que compartan su experiencia en la aplicación de una ley similar y en específico sobre la identidad supletoria.