Cargando...
Porfiria Melgarejo de Ocholasky, cuestionada funcionaria judicial que obtuvo un permiso de la Corte Suprema de Justicia para hacer campaña por la senaduría, anunció que el próximo miércoles 17 presentará una acción de inconstitucionalidad para permitir que funcionarios judiciales sigan votando en las internas partidarias, esto en respuesta a un pedido del senador Pedro Santa Cruz (PDP), para que la Corte Suprema de Justicia investigue no solo a fiscales y jueces afiliados sino también a los funcionarios judiciales en general que se encuentran en la misma condición.
Lea más: Corte da permiso a Porfiria Ocholasky para dedicarse a campaña política
“Vamos a presentar la acción de Inconstitucionalidad para proteger a los compañeros funcionarios judiciales, ante esta alocada pretensión del senador Santa Cruz”, adelantó la candidata colorada oficialista, que es cuestionada no solo por activar políticamente siendo funcionaria judicial, sino por tener a todo su clan familiar ubicado en el Poder Judicial.
Lea más: Denuncia penal de Santa Cruz a fiscales y jueces
“Se nota que tiene miedo de los votos colorados y por eso intenta amedrentar a los funcionarios del Poder Judicial, Defensoría y Fiscalía!! Que las ganas te aproveche senador”, agregó Melgarejo de Ocholasky, que previo al permiso que obtuvo de la Corte, había sido sumariada -sin resultado alguno- por precisamente participar de actividades político partidarias.
La Ley N° 879/81 Del Código de Organización Judicial en su artículo 238 prohíbe a los magistrados y a los funcionarios de la Administración de Justicia cualquiera sea su jerarquía participar en las actividades políticas. Sin embargo, en la Constitución Nacional de 1992, en su artículo 254 solo establece la prohibición para los magistrados mientras duren en sus funciones y en el artículo 270 impide igualmente a los fiscales. En la Carta Magna excluye a los funcionarios.
Lea más: Candidatos “escombros” por docena en el Partido Colorado
El senador Santa Cruz encabeza una serie de denuncias donde expuso que varios centenares de jueces y fiscales están afiliados e incluso votan en las internas partidarias, pese a que la Constitución y las leyes orgánicas tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público prohíben a funcionarios judiciales a activar políticamente.
A raíz de dicha denuncia, existen investigaciones abiertas tanto en el Poder Judicial como por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), aunque avanzan a paso extremadamente lento.
