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La Cámara de Diputados rechazó y remitió ayer al archivo por tercera vez el pedido de juicio político contra la fiscal general, Sandra Quiñónez, quien va concluyendo su mandato desgastada y con menos votos de “confianza” que en las otras dos ocasiones.
Con los 26 cartistas votaron abiertamente en contra del juicio los diputados oficialistas Miguel Cuevas, acusado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, y Luis Urbieta.
Mientras que un grupo de 18 diputados liberales de casi todas las bancadas disfrazaron su voto a favor del juicio político, pero en contrapartida facilitaron el plan de archivar el juicio. Los impulsores del juicio intentaron dejar sin quórum, pero estos 18 traicionaron a sus colegas.
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El pedido de juicio político fue archivado por 15 votos a favor, 28 en contra, tres abstenciones y 34 ausencias. Quiñónez en el 2020 logró 58 votos en contra de su enjuiciamiento, en el 2022 reunió 32 y ayer 28 votos.
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Ni la inacción de la Fiscalía en el asesinato al joven liberal, Rodrigo Quintana (1 de abril 2017) y previo atraco de la sede liberal, además de la última denuncia de la inacción de fiscales en casos relacionados al crimen organizado fueron motivos suficientes para que los diputados faciliten el archivo. La mayoría busca volver a ocupar una banca en el Congreso.
El cartismo y sus aliados pusieron fin al juicio político en su sexta convocatoria. Los impulsores expusieron la totalidad de las 11 causales: la impunidad en Intendencias y Gobernaciones que salpican a cartistas. El diputado Eusebio Alvarenga (PLRA) denunció que hubo coacción y hasta dinero para salvar a la fiscala.
En la causal 11 acerca de la inacción o negligencia incluyeron la grave denuncia de la senadora Desirée Masi (PDP), quien reveló que fiscales e incluso el fiscal Lorenzo Lezcano, exministro del gobierno de Cartes ya manejaban información relacionada al operativo “A Ultranza” y el “avión iraní”, casos vinculados al crimen organizado y al terrorismo.