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El diputados Édgar Ortiz ratificó que no votará ni a favor ni en contra del juicio político a la fiscala general Sandra Quiñónez sino que se abstendrá porque considera que este proceso es una “pelea entre colorados”.
La postura de abstención favorece a Quiñónez porque el legislador hace quórum, con lo cual mantiene la cantidad de 53 votos de un total de 80 diputados presentes para iniciar el juicio a la cuestionada titular del Ministerio Público.
Sugestivamente, según consta en los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Ortíz suscribió un contrato de alquiler de una de sus propiedades a la Fiscalía para sus oficinas en Alto Verá, Itapúa, por un valor de G. 189 millones por tres años (2021 a 2023).
Según el documento, cuya legitimidad fue admitida por el propio diputado, el costo anual del alquiler es de G. 5.250.000. Si bien la Ley no impide a legisladores la provisión de dichos servicios a instituciones del Estado, al menos se podría plantear un cuestionamiento ético, por un eventual conflicto de intereses.
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Ofertas y contraofertas
ABC contactó al diputado que representa al departamento de Itapúa Édgar Ortiz para obtener su versión al respecto, y a la par de reconocer la vigencia del contrato, minimizó las críticas calificándolas como un “vyrorei”.
“Gua’u que por un G. 5 millón (sic) yo voy a vender mi dignidad, están totalmente equivocados… La oferta del otro lado es 15 veces más de lo que ustedes se imaginan y no estoy cediendo. Yo tengo mi puntos de vista que es una interna colorada. ¿Por qué no se arreglan los colorados y que me dejen de romper las bolas ya?”, afirmó.
Ortiz, que en la última sesión donde se trató el pedido de juicio político había dicho que se lavaba las manos como “Judas Iscariote” -en vez de Poncio Pilatos- fue insistido sobre los supuestos ofrecimientos que recibe del oficialismo.
“Normalmente en estas cosas lo que te ofrecen son cargos, lugares donde vos querés, pero macanada es… no estoy en ese tren. Yo no quiero nomás meterme en problema colorado y por qué quieren obligarme a meterme”, sostuvo al ser consultado sobre los supuestos ofrecimientos.
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El mismo insistió en que ni estas críticas, ni los argumentos expuestos en el juicio político, lo harán cambiar de postura, que es la de supuestamente mantenerse exento del tema.
“Un tremendo vyrorei es lo que dicen y que por G. 5 milones gua’u voy a ir a defenderle a nadie. Aparte ese local está alquilado desde la época de (Javier) Díaz Verón, que inauguró el localazo y yo tuve ofertas, pero no pude vender porque los tipos no querían salir”, agregó.
Mencionado que supuestamente ni siquiera está interesado en seguir con este contrato y que incluso en otras ocasiones intentó dejarlos sin efecto y que es la Fiscalía la que no quiere abandonar el sitio.
“Es un local de 1.000 metros cuadrados el cual la Fiscalía no sé cuanto tiempo estuvo sin pagar y el año pasado quise vender de ellos y no se quieren ir por la seguridad de ellos, porque está pegado a la comisaría”, dijo. Pese a estos supuestos inconvenientes, volvió a renovar el contrato en 2021.
Ley no castiga
La Ley de Contrataciones y de la Función Pública no establece restricciones para que legisladores participen de este tipo de licitaciones. de hecho, el propio llamado en el que fue adjudicado Ortíz se realizó una protesta por parte de los otros oferentes, pero fue desestimada.