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Por 24 votos a favor, cinco en contra, dos abstenciones y 14 ausentes, el Senado se ratificó en la ley que habilita a las gobernaciones a realizar hasta dos transferencias anuales a las ONG por un monto de hasta G. 200 millones.
La posibilidad de que las gobernaciones pudiesen hacer estas transferencias se había cortado debido a que varios gobernadores la usaron como presunto esquema para desvío de fondos. El caso más recordado es el del imputado exgobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, cartista), que fue destituido. Se suma también el gobernador de Guairá Juan Carlos Vera (ANR, cartista), quien aspira a ser senador en el próximo periódico. Actualmente su administración está intervenida, pero no está imputado por la Fiscalía General del Estado, a cargo de Sandra Quiñónez.
Además están en la mira -pero no procesados- por utilizar supuestamente este mismo esquema de transferencias de dinero los gobernadores cartistas de Canindeyú César “el Tigre” Ramírez y de Caazapá Pedro Díaz Verón. Ambos son candidatos a senadores para el próximo periodo legislativo (2023-2028).
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En la sesión ordinaria, los senadores Enrique Bacchetta (ANR, oficialista), José Ledesma (PLRA), Juan Darío Monges (ANR, cartista) y Juan Carlos Galaverna (ANR, cartista) defendieron la ley, señalando que este mecanismo permitía a los gobernadores atender los pedidos urgentes de la ciudadanía y destacaron que por eso se redujo el monto que podían transferir.
Alegaron que al establecer un tope, se permite únicamente que los recursos puedan ser usados para cuestiones urgentes. Indicaron que son necesarias estas transferencias en montos pequeños para atender solicitudes de Juntas de Saneamiento, clubes deportivos, comisiones vecinales y proyectos productivos, que son difíciles de hacerse mediante licitación.
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En tanto, Stephan Rasmussen (Patria Querida) indicó que este mecanismo iba en contra de la transparencia y habilitaba un uso discrecional del dinero público.
Para rechazar el veto, el Senado necesitaba mayoría absoluta, es decir 23 votos y obtuvo 24.
Para que se confirme el rechazo al veto, la Cámara de Diputados también deberá obtener una mayoría absoluta, en su caso, de 41 votos para, de esta manera, obligar al Poder Ejecutivo a promulgar la ley y que la misma entre en vigencia este mismo año.