El ex intendente municipal de la ciudad de J. Augusto Saldívar Daniel Báez fue imputado en calidad de autor por el hecho punible de lesión de confianza, el 30 de setiembre de 2019, por el fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

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Báez es marido de la diputada María de las Nieve López (PLRA, llanista), quien busca su “rekutú” para el 2023, alineada al cartismo en apoyo a la cuestionada gestión de la fiscala general, Sandra Quiñónez. El voto de López es clave para aprobar el pedido de juicio político, cuyas causales se analizan desde el domingo.

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Para el Ministerio Público, las erogaciones hechas entre el 2015 y 2017 en concepto de construcciones, combustibles y lubricantes con fondos de royalties, y las realizadas en concepto de construcciones en escuelas públicas y complemento nutricional, con fondos de Fonacide, ascienden a la suma de G. 1.072.426.954 como daño patrimonial.

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Al igual que Daniel Báez, están imputados Alfonso Benítez Segovia, quien fue elegido por la junta municipal para completar el mandato municipal de Báez, que renunció para su reelección, así como Jorge Osmar González, Wildo Misael Álvarez Romero, Liz Ignacia Villalba Benítez y Cintia Gómez, todos estos en calidad de cómplices.

El caso se encuentra a cargo del juez penal de garantías Leonardo López Samudio, de la circunscripción judicial de Central.

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Sobreseimiento y pericias a completar

En el marco de esta causa, por Requerimiento Fiscal N° 23 del 20 de noviembre de 2020, el fiscal Luis Piñánez solicitó el sobreseimiento provisional a favor de los exintendentes municipales Daniel Baez y Alfonso Benitez Segovia, además de Jorge Omar Gonzalez Ortiz, Wildo Misael Alvarez Romero Liz Ignacia Villalba Benitez y Cintia Rosalba Gómez Marecos.

Recién el 25 de junio de 2021 se sustanció la audiencia preliminar para los seis procesados por lesión de confianza, ante el juez Leonardo López, quien dio trámite de oposición al requerimiento fiscal y, por ende, remitió las actuaciones a la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, a cargo de Soledad Machuca.

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En agosto de 2021, la fiscala adjunta Soledad Machuca ratificó, a través del Dictamen Fiscal N° 2.734, requerimiento de sobreseimiento provisional, que el juez Leonardo Ledesma decretó por medio del AI N° 2695 de fecha 5 de noviembre de 2021 a favor de los procesados.

Piñánez explicó a ABC que la Fiscalía tiene plazo hasta el 3 de noviembre de 2022 para presentar su requerimiento conclusivo. Mientras los seis sigan con sobreseimiento provisional se deben diligenciar las pericias de tasación de los caminos, arreglos de las escuelas, además de seis pruebas más y ocho testificales.

Corte tardó dos años para rechazar inconstitucionalidades

El 5 de marzo de 2020, los abogados Pablo Reinerio Villalba López, Pascual Francisco Barrios Fretes y Mariano González Martínez, en representación de los seis procesados, plantearon otra acción de inconstitucionalidad, esta vez contra el AI N°54 del Tribunal de Apelación en lo Penal de Central, que confirmó la resolución del juez Leonardo Ledezma, quien rechazó un incidente de nulidad contra la imputación fiscal.

Esta acción fue resuelta por la Sala Constitucional de la Corte, integrada por los ministros César Diesel Junghanns, Antonio Fretes y Víctor Ríos Ojeda, el 8 de junio de 2022, a través del AI N° 681, con el rechazo “in límine” por no cumplir con los requisitos básicos para su planteamiento.

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Posteriormente, el 1 de setiembre de 2020, el abogado Mariano González presentó una acción de inconstitucionalidad contra el AI N° 581 del 24 de agosto de 2020, del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Central, integrado por los magistrados Teresa González de Daniel, Fabriciano Villalba Martínez y Lourdes Cardozo de Vázquez, en que se rechazó la recusación al juez Leonardo Ledezma.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conformada por los ministros César Diesel Junghanns, Antonio Fretes y Víctor Ríos Ojeda, rechazó in límine dicha resolución, por no cumplir con los requisitos mínimos para su presentación, mediante el AI N° 294 del 11 de abril de 2022.