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Los diputados impulsores del juicio político contra la fiscala Sandra Quiñónez no pudieron definir ayer la aprobación de la acusación ante la falta de sólo dos votos liberales para reunir la mayoría de dos tercios (53 de 80). Ellos son: la llanista María López (Dpto. Central), quien se mantiene en duda y el dionisista Carlos Noguera (Alto Paraná), quien desde ayer no contesta las llamadas de sus correligionarios.
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Oficialistas y opositores tienen el control de la agenda sobre el tratamiento del juicio político para dar pausas a las sesiones. Hoy nuevamente debatirán sobre las causales que no fueron desarrolladas como: el caso metrobús, el manejo presupuestario negligente de la Fiscalía, la impunidad y corrupción en intendencias y gobernaciones, entre otros.
La sesión de ayer, al igual que otros días, también se extendió por casi cuatro horas de debate, donde el tema principal y único discutido fue el del atraco a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el asesinato del joven dirigente liberal, Rodrigo Quintana, ocurrido entre el 31 de marzo y la madrugda del 1 de abril de 2017 durante el Gobierno de Horacio Cartes.
Los liberales intentaron convencer y sensibilizar a sus correligionarios López y Noguera con el relato del asesinato de Quintana con vídeos y elementos, pero estos legisladores siguen alineados al cartismo. Volvieron a relatar sus experiencias el diputado Eusebio Alvarenga, quien estuvo en el momento del atraco a la sede del PLRA y el diputado Édgar Acosta, quien calificó el caso como el “terrorismo de Estado mejor documentado de la historia”.
En reiteradas oportunidades pidieron a sus colegas recapacitar y reformular sus posiciones por sus hijos, y por los padres de Quintana que hace cinco años golpean las puertas de la Fiscalía de Quiñónez para que les digan que no hay responsables. “Mírenles a sus hijos como se sentirían, pónganse del lado de la familia”, exclamó el liberal Antonio Buzarquis.
El diputado cartista Nazario Rojas minimizó el caso al señalar que a Rodrigo le pasaron “cosas” y que pudo ser un “accidente”. A los gritos sus colegas le señalaron que a Quintana le mataron.
La diputada cartista Rocío Abed dijo que la falta de avance en el caso Quintana no es por culpa de Quiñónez, sino por culpa de una querella y pelea entre los familiares.
La diputada liberal Celeste Amarilla se encargó de responder a sus dos colegas a quienes cuestionó la falta de empatía y respeto hacia los familiares de Rodrigo. Evidenció ante el pleno que la paralización del caso se dio porque Cartes durante su gobierno le dio un empleo y buen sueldo en el Banco Nacional de Fomento a la expareja de Quintana, y que llamativamente a partir de allí surgieron los problemas.
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También responsabilizó a su colega cartista Tadeo Rojas (ministro del Interior durante el atraco). Rojas entre líneas reconoció la causal de juicio político al solicitar que “la justicia haga algo, porque corresponde”. Se desmarcó sobre cualquier responsabilidad sobre los hechos.
Otros diputados de la oposición y del oficialismo llamaron a la conciencia de sus colegas.