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La Cámara de Diputados volvió a declarar ayer un cuarto intermedio hasta hoy, luego de que oficialistas y opositores no lograran asegurar la mayoría de dos tercios (53 de 80), para iniciar el proceso de juicio político en contra de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
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El debate se extendió por más de 4 horas y media. Los diputados recordaron durante la exposición de las causales el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en el que se menciona que el expresidente Horacio Cartes obstruyó una importante investigación del crimen transnacional en el que suponen se refiere a Darío Messer, vinculado al lavado de dinero.
La diputada Kattya González (PEN) se basó en las conclusiones de la comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de Dinero que fueron remitidas a la Fiscalía en las que se denuncia que Cartes protegió y encubrió a Messer.
Asimismo, revela una red de complicidad y sometimiento de las instituciones públicas tales como la Fiscalía, el Banco de Fomento, Hacienda, superintendencias de bancos y el Poder Judicial.
Mencionaron que en el Brasil, por el caso Messer, 64 personas fueron procesadas, mientras que en nuestro país una sola persona. Incluso que el exministro de Hacienda y precandidato presidencial por Honor Colorado, Santiago Peña, también debe ser investigado.
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La sola mención de Peña en el libelo motivó la inmediata reacción de los cartistas, quienes llevaron la discusión al plano político. Los cartistas centraron sus discursos en el ataque a sus adversarios, a falta de argumentos para refutar las causales. Intentaron cortar en varias ocasiones el debate pero el control de la sesión estaba en manos de opositores y oficialistas.
La primera prueba de fuego se dio cuando se votó el cierre del debate, donde el cartismo se quedó solo con 26 votos a diferencia de los impulsores del juicio quienes lograron reunir 53 votos, los números que se necesitan para iniciar el proceso de juicio político.
En esa oportunidad como primera señal volcaron su voto a favor los dos diputados en duda, María López (PLRA, llanista) y Carlos Noguera (PLRA, dionisista).
Sin embargo, los impulsores del enjuiciamiento prefirieron asegurar sus votos para llevar a votación. Con Édgar Ortiz ya no cuentan. La diputada López es esposa del exintendente de J. A. Saldívar, Daniel Báez, imputado por supuesta lesión de confianza.