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La Gobernación de Guairá, cuya administración fue intervenida, oficializó la renovación de las becas universitarias de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ). En el acto estuvo el ministro de la Juventud, Édgar Colmán, pero la figura que más se destacó fue la del diputado oficialista Éver Noguera, precandidato a gobernador.
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También estuvo presente el precandidato a diputado y ahijado de Noguera, el exintendente de Paso Yobái, Ronald Vázquez (ANR, Fuerza Republicana). Cuando era jefe comunal, Ronald favoreció con múltiples contratos a una empresa ligada a su padrino político.
Además, la politización de la entrega de becas se dio porque Éver Noguera logró que su operador político, Richard Benítez, muy activo en las redes sociales, reasuma en el cargo de secretario de la Juventud de la Gobernación. Lo recontrató el interventor Pablo Vera Insaurralde, a pesar de que éste había garantizado que el diputado guaireño no tendría injerencias en la intervención.
El mismo día en que arrancó la intervención, Éver Noguera se reunió por varias horas con el interventor y funcionarios de la Gobernación, informaron extraoficialmente. Según mencionaron el diputado le solicitó varios nombramientos. Pablo Vera aseguró que la visita fue de cortesía y que no podía rechazarla, también negó que el legislador le haya pedidos de que gente de su equipo político ingrese a la institución.
Sin embargo, días después el interventor contrató a los exconcejales de Villarrica Martha Caballero y Óscar Rubén “Pirtulo” Martínez, también operadores de Noguera, como secretarios de Salud y Obras, respectivamente, como colaboradores “sin percibir salarios”. Luego hizo lo mismo con Richar Benítez, quien el año pasado había sido desvinculado de la institución. Los nombramientos son durante el tiempo que dure la intervención.
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Éver Noguera, de Fuerza Republicana, es enemigo político del gobernador cesado temporalmente en el cargo, el cartista Juan Carlos Vera Báez, precandidato a senador. La intervención a la gestión de Vera Báez es por la sospecha de corrupción y malversación de US$ 2 millones de los fondos covid-19 destinados a la reactivación económica.
El jefe departamental denunció que la intervención es una persecución política orquestada por el oficialismo colorado para sacarlo de carrera y sostiene que está seguro de que la auditoría a su administración no revelará irregularidades. La medida administrativa va hasta fines de agosto y el informe final del interventor se presentará ante la Cámara de Diputados, donde se analizarán si corresponde o no destituir del cargo a Juan Carlos Vera Báez.
