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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó ayer la Ley N° 6950, con fecha 18 de julio, por el cual aprueba el Protocolo Internacional de Lucha contra el Tráfico ilegal de Tabaco.
Dicho acuerdo es impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el 2012, pero era resistido por el cartismo con todo tipo de argumentos.
El documento fue firmado por el gobierno de Federico Franco (PLRA) el 12 de diciembre del 2012, en Corea del Sur. Durante el mandato del presidente Horacio Cartes (2013-2018) fue cajoneado. El presidente Abdo Benítez a pocos meses de asumir en el Palacio de López, remitió el acuerdo al Congreso para su estudio, el 12 de diciembre de 2018.
Horacio Cartes (HC) es accionista mayoritario de Tabacalera del Este SA (Tabesa), firma con denuncias de presuntos vínculos con una red de lavado de dinero y contrabando de cigarrillos al Brasil, según un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El acuerdo tuvo media sanción recién el 19 de mayo de 2022 en el Senado. La Cámara Baja lo aprobó el 6 de julio pasado, pese al rechazo del cartismo del presidenciable Santiago Peña y aliados (llanistas, dionisistas y dos oficialistas). Estaba obligada a tratar el convenio y no podía modificarse.
Busca la trazabilidad del comercio de cigarrillos
El “Protocolo para eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco” busca la trazabilidad del mismo, en el marco de las Naciones Unidas (ONU). La vigencia del acuerdo internacional obligará al Paraguay a disponer medidas para poder identificar en todos los casos el origen de las mercaderías, controlar su movimiento y su situación legal.
Asimismo, el protocolo internacional tiene el propósito de eliminar todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco, incluyendo toda práctica o conducta prohibida por la ley relativa a la producción, envío, recepción, posesión, distribución o venta de tales productos.
Con el fin de evitar el comercio ilegal, el protocolo establece qué hechos son infracciones, aborda las responsabilidades y pagos relacionados con las incautaciones así como la eliminación de los productos confiscados. Y fomenta la cooperación internacional.
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El cartismo de Santi Peña puso trabas
En su momento, el gerente de Tabesa, José Ortiz, había pedido al Congreso rechazar el protocolo de la OMS porque supuestamente era perjudicial para las “empresas legales”.
El diputado de Alto Paraná Justo Zacarías (ANR, cartista) intentó desvirtuar el convenio y retrasar su aplicación. Dijo que esto era “anticartista” y luego que es un negocio patrocinado por grandes conglomerados y multinacionales como British American Tabacco y Philip Morris.