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El Poder Ejecutivo alude que el Senado aceptó el 7 de julio pasado el veto parcial y en consecuencia los “olvidos”, omisiones y/o datos falsos en las declaraciones juradas (DD.JJ.) de bienes de funcionarios públicos serán sancionados.
Es decir, las DD.JJ. seguirán siendo públicas sin orden judicial y eliminaron la obligación sobre oferentes estatales.
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El pleno de la Cámara Alta truncó así la versión de Diputados impulsada por el cartismo de Santi Peña y sus aliados. Si bien el Congreso había sancionado la versión que despenalizaba estos “olvidos”, el Ejecutivo había vetado parcialmente el proyecto, objetando puntualmente las modificaciones del artículo 14 sobre las facultades de la Contraloría General de la República.
Con esto, se mantiene el artículo original que establece que “si surgían indicios de que la omisión o error fuere con dolo imputable al declarante, la CGR denunciará este hecho al Ministerio Público o a la autoridad jurisdiccional competente”.
Esto no implica que todo error en las DD.JJ. será punible, sino solo aquellos que representen una omisión muy alevosa.
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