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Con 32 votos a favor, 4 por el rechazo y 9 ausentes se aprobó una ampliación presupuestaria para la Contraloría, consistente en G. 11.114.839.508, que fue una propuesta de modificación del senador Amado Florentín (PLRA). La propuesta original aprobada en Diputados era de G. 15.114.839.508.
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Puntualmente, la versión aprobada corresponde a G. 4.000 millones menos con relación a la versión Diputados mediante un recorte específico al rubro 123 correspondiente a “Remuneraciones Extraordinarias”. El proyecto vuelve a Cámara Baja.
Según el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Juan Darío Monges (ANR, HC) el monto aprobado con el fin de que dicha institución pueda cumplir con su “rol misional” de contralor de instituciones estatales ante casos de presunta corrupción y mal manejo de fondos públicos.
Sin embargo, el diputado Stephan Rasmussen (PPQ) advirtió que esta ampliación principalmente irá destinado al rubro 100, es decir, sueldos, gratificaciones y bonificaciones, algo que ya había recortado durante la pandemia intentando ajustarse a la difícil situación económica que atraviesa el país.
Según dijo Florentín, su propuesta de recorte fue consultada con el contralor, Camilo Benítez (ANR) y le permitirá llevar a cabo sus labores de fiscalización a ministerios, municipalidades y gobernaciones hasta fin de año. También dijo que ese monto menor podría permitir que en el caso de que el Ejecutivo vete, el Congreso pueda ratificarse.
La senadora Desirée Masi (PDP) también planteó otra propuesta que implicaría un monto menor, puntualmente de G. 8.000 millones, pero que según las proyecciones que hizo, eran suficientes para dar operatividad a Contraloría para el resto del año.
Masi cuestionó las escuetas argumentaciones de Contraloría y la falta de justificación de un aumento tan alto, pese a que reconoció la buena labor que viene haciendo la institución en cuanto a fiscalización.