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Si bien actualmente la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado ya establece la obligación de su titular de llevar adelante un programa de protección a agentes fiscales, la Cámara de Senadores agregó taxativamente algunas de las áreas que deben ser incluidas en el resguardo.
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En estos momentos la Ley contempla la protección de todo agente fiscal que corra peligro por su labor, especialmente para aquellos que investigan “hechos punibles vinculados con la criminalidad organizada o relacionados con abusos de poder o violaciones a los Derechos Humanos”.
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Si bien dentro de lo que refiere a criminalidad organizada ya están considerados, se agregó textualmente a los fiscales investigadores para casos contra “narcotráfico, lavado de activos y trata de personas”.
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También se establece la posibilidad de que los propios fiscales que se consideren en riesgo soliciten su adhesión al programa de protección y deberán informar de sus actividades oficiales y extraoficiales a la Fiscalía General del Estado, a fin de evitar casos como el del fiscal Marcelo Pecci, asesinado por sicarios durante su luna de miel en Colombia.
Puntualmente se establece que los fiscales que forman parte de este programa de protección deberán informar a la FGE todas las “actividades oficiales y extraoficiales, con la finalidad de que éste disponga la seguridad y protección de los mismos dentro y fuera del territorio nacional”
La senadora Desireé Masi (PDP) propuso algunas modificaciones de forma y otras de fondo, pero que finalmente ya no pudieron ser consideradas y que intentará sean tenidas en cuenta al momento de su tratamiento en Diputados.
La legisladora puntualmente consideró que con estas modificaciones, igualmente se dejaba fuera a fiscales y jueces de otras área, que reciben amenazas por hacer su trabajo y no están taxativamente en dicha lista.
El proyecto aprobado pasa a Diputados.
Protección a testigos
Durante la sesión ordinaria de la fecha también de debían analizarse dos proyectos de protección a testigos y de incentivo a denuncias de corrupción, pero se aprobó la postergación por 30 días atendiendo a que existían dos propuestas que buscarán consensuar.
Uno de los proyectos ya contaba con dictamen, sin embargo, solicitaron más tiempo para debatir cuestiones sensibles, sobre todo en lo que refiere a aspectos a la protección de testigos, entre ellas medidas como el cambio de la identidad.
“La identidad conlleva una serie de factores que hacen a la persona, a su familia, su trabajo, etc”, indicó el senador Hugo Richer (FG), quién pidió la vuelta a comisiones para el debate.
Además de establecer mecanismo de protección a testigo, también se establecen mecanismo de incentivos a funcionarios que denuncien hechos de corrupción, que van desde impedir que sufra represalias hasta incluso recibir una recompensa de hasta el 30% del valor recuperado en casos que afecten fondos públicos.