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La CBI de Lavado de Dinero convoca hoy a comparecer al titular del Banco de Fomento (BNF), Manuel Ochipintti, a las 9:20, y al comandante de la Armada Paraguaya, almirante Carlos Velázquez, a las 10:20.
Previamente, a las 8:00, fueron convocados las víctimas del clan González Daher, entre ellos el empresario Julio Adolfo Mendoza Yampey, el abogado Federico Campos López Moreira y Tania Villalba Dickel. Igualmente los abogados Armindo Vera Ferrer y Diana Pérez Escobar, representantes de la empresa Digital Entertainment SA.
El titular de la CBI, Jorge Querey (FG), dijo ayer que convocaban a Ochipintti para “profundizar” en varios casos denunciados de lavado de dinero. Sostuvo que actualmente el sistema financiero participa en forma activa en el blanqueo de capitales, tanto entidades privadas como públicas.
En diálogo con periodistas, Querey se burló así del “discurso” del Banco Central del Paraguay (BCP) y la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) sobre que “todo está bien” en el Paraguay en cuanto al control al lavado.
Según los antecedentes, el BNF fue multado con G. 10.665 millones por la falta de control antilavado en el caso Messer, pero la multa fue anulada. A esto se suma que ante la presión por el caso del avión iraní, el ente cerró operaciones de Tabesa, tabacalera propiedad del expresidente Horacio Cartes denunciada por lavado y contrabando de cigarrillos.
En cuanto a asistencia del comandante de la Armada Paraguaya, almirante Carlos Velázquez, Querey dijo que le consultarán sobre los trabajos de control de contrabando y sobre el caso de complicidad de contrabando en el puesto militar de Itá Enramada.
Desde entonces, el cartismo pide “la cabeza” del almirante Velázquez, hermano del vicepresidente y aspirante presidencial oficialista Hugo Velázquez.
Una vez que la CBI termine su informe, el Senado remitirá una copia a autoridades de Estados Unidos.
Analizan protección a testigos de corrupción
La Cámara de Senadores debe analizar, en su sesión ordinaria del jueves, tres proyectos que plantean incentivar económicamente y dar protección a quienes denuncien casos de corrupción.
El senador Salyn Buzarquis (PLRA) es autor del proyecto de ley “Que incentiva y premia al denunciante de hechos de corrupción”. Este plantea que el denunciante podrá reclamar el 10% del monto en caso de una condena o una salida alternativa que conlleve la reparación económica del daño por parte del denunciado.
También se analizará el proyecto de Buzarquis “De protección a denunciantes y testigos de casos de corrupción”. Este plantea proteger la identidad de los denunciantes y procesar a funcionarios que acosen o amenacen al “testigo”.
Finalmente figura en estudio el proyecto “Que establece el programa de protección a testigos, víctimas, colaboradores de justicia y otros sujetos intervinientes en el proceso penal”, con puntos similares.
Este proyecto fue presentado por numerosos senadores, entre ellos Enrique Bacchetta (ANR, oficialista), Fernando Silva Facetti (PLRA, llanista), Silvio Ovelar (ANR, cartista) y los entonces senadores Arnoldo Wiens (ANR, hoy ministro de Obras), Arnaldo Giuzzio y Roberto Acevedo (fallecido).
Estos proyectos se tratarían en conjunto en el punto N° 5 del orden del día. No se descarta que en un acuerdo de bancadas, se resuelva postergar el tratamiento.
Senado analizará su ley de “puerta giratoria”
La Cámara de Senadores prevé analizar este jueves, en su sesión ordinaria, dos proyectos para prevenir el conflicto de intereses en la función pública, llamada “anti puerta giratoria”. La propuesta legislativa plantea que los funcionarios que ocupen altos cargos públicos no podrán ejercer cargos de la misma área en el sector privado por un periodo de dos años.
Estas iniciativas se analizarán en paralelo al debate que se realiza en la Cámara de Diputados, donde se estudia un expediente similar duramente resistido por la bancada del cartismo.
Por un lado está agendado en el Senado el tratamiento del proyecto “Que previene el conflicto de interés en la Función Pública”, presentado por el senador Derlis Osorio (ANR, oficialista).
Así también figura en estudio el proyecto “Que establece deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los altos cargos de la República”, presentado por los senadores Fidel Zavala, Georgia Arrúa y Stephan Rasmussen, todos del Partido Patria Querida.
Los proyectos fueron impulsados después de que numerosos ministros del gobierno del expresidente Horacio Cartes pasarán a ser gerentes en sus empresas privadas.
La oposición acusó a Cartes de usar información privilegiada durante su paso en la función pública para crear empresas que compitan contra industrias nacionales, entre ellos cementeras y estaciones de servicio.
Numerosos países cuentan con esta legislación en todo el mundo.
Estudian una ley para proteger a los fiscales
La Cámara de Senadores analizará este jueves un proyecto de ley que plantea asignar recursos, protección y seguridad a los agentes fiscales del Ministerio Público que investiguen casos de narcotráfico, lavado y crimen organizado.
La iniciativa presentada por el senador Enrique Bacchetta (ANR, oficialista) es una reacción al asesinato del fiscal Marcelo Pecci, así como al reclamo de la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez, quien insinuó que el Senado era culpable de recortes en seguridad de los fiscales. Dicho punto fue desmentido por el pleno.
El proyecto plantea modificar los artículos 10, 11, 13, 34, 50 y 62 de la Ley Nº 1562/2000, Orgánica del Ministerio Público, “para la protección de los agentes fiscales asignados a la investigación en los casos de narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado”.
Además de asignar custodia y recursos, la norma obligará a los fiscales a informar de sus movimientos para el resguardo de su seguridad.
Tras las insinuaciones de la Fiscala General, la senadora Desirée Masi (PDP) indicó que para el 2021, Quiñónez solo pidió aumentos salariales para funcionarios administrativos, a los que calificó de “su base política”. Dijo que, en cambio, no ejecutó fondos de compra de equipos, vehículos, insumos de salud y productos de laboratorio. Acusó a Quiñónez de usar “lágrimas de cocodrilo” en forma “macabra y maquiavélica” para intentar confundir a la opinión pública.