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En el padrón colorado aparece la Fiscal Adjunta encargada de liderar la Unidad Anticorrupción, Soledad Machuca, que tiene entre sus antecedentes la presunta responsabilidad de haber blanqueado al extitular de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Ludovico Sarubbi, dejando en el “oparei” una investigación por el presunto desvío de G. 17.000 millones.
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Junto con la fiscala del caso, Victoria Acuña, otra con largo historial, incurrieron en un supuesto “error” procedimental, que allanó el camino para que Sarubbi y otros 36 procesados sean sobreseídos pese a la evidencias que ameritaban al menos solicitar la elevación a juicio del caso.
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El pasado 7 de junio, incluso el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) determinó que hubo reprochabilidad en la actuación de ambas agentes fiscales en dicho caso, sin embargo no impusieron la sanción mayor, que era la remoción. Optando por la salida intermedia que es el apercibimiento.
Otra cuestionada que figura en el padrón colorado es la agente fiscal “anticontrabando” María Estefanía González, que acumula un verdadero rosario de actuaciones cuestionadas en casos vinculados al expresidente Horacio Cartes y un megacargamento de cigarrillos decomisados en un predio de Itaipú en Salto de Guairá, e incluso fue denunciada ante el JEM por el propio Gobierno y la Unión de Gremios de la Producción (UIP) por liberar una cargamento de contrabando de azúcar.
El caso del megacargamento de cigarrillos fue uno de los más alevosos. El 18 de diciembre de 2018, en un operativo conjunto entre varias instituciones del gobierno se ubicó en un área silvestre protegida de Itaipú un complejo de depósitos y vehículos con varios miles de cajas de cigarrillo, la mayoría de ellos de Tabacalera del Este S.A., empresa del expresidente Cartes
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Con el objetivo de encontrar el origen de dichos cigarrillos, que presumiblemente iban a ser destinados al contrabando hacia Brasil, el ministro coordinador Ejecutivo de la Unidad Interinstitucional de Prevención y Persecución del Contrabando (UIC) solicitó a la Fiscalía que se allane Tabesa, a fin de incautar facturas y otras evidencias, y la fiscala María Estefanía González cajoneó el pedido.
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No fue la única vez que la fiscala “anticontrabando” jugó presuntamente del lado de los que debía combatir. En mayo de 2019, el Gobierno de Mario Abdo Benítez junto con la UIP presentaron denuncia ante el JEM contra González, luego de haber liberado un cargamento de azúcar presumiblemente de contrabando.
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En julio del año siguiente, el Jurado volvió a darle una mano y la absolvió en dicho caso.
María Estefanía González también fue la que ordenó archivar la denuncia por el caso conocido como “Firmatón”, donde se presentaron planillas con firmas falsas intentando promover una enmienda constitucional para habilitar a la reelección al expresidente Cartes. De dicho proceso, resultó blanqueada por el JEM en febrero de este año.
Dos vinculados al clan González Daher
También aparecen como votantes colorados habilitados los fiscales Natalia Beatriz Fuster Careaga y Néstor Fabián Coronel Gamarra, ambos vinculados a casos relacionados al condenado por usura grave, lavado de dinero grave y denuncia falsa, Ramón González Daher.
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En dicho juicio, el Tribunal solicitó investigar a fiscales y jueces que presuntamente formaban de una “rosca” de apriete judicial liderada por RGD contras sus víctimas.
Según documento presentado ante el Tribunal que condenó a González Daher, Natalia Fúster dio trámite a 11 denuncias promovidas por RGD. En su declaración ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) contra lavado de dinero, la presidenta del Tribunal que condenó a González Daher explicó que estas no eran denuncias regulares, sino que era casi como llenar un formulario, donde solo cambiaba el nombre de la víctima.
Fuster también fue designada para investigar al ex gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, HC) por el presunto desvío de fondos covid por US$ 1 millón, y si bien realizó allanamientos, nunca imputó ni mostró mayores avances en su investigación.
Hay que aclarar que si bien el N° 2 está imputado por dicho caso, sólo es por el presunto desembolso irregular a la oenegé Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP). Fuster y otros colegas fueron designados para investigar pagos a otras oeneges también sospechadas.
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Finalmente, Néstor Coronel también se destacó en los últimos días y no precisamente por buena labor, ya que fue sindicado de pretender blanquear a Ramón González Daher en la causa por robo de evidencias del juzgado del magistrado penal de Garantías, Humberto Otazú.