CBI sobre lavado de dinero convoca a titulares de la Senad, de Anticorrupción y a jueza

Zully Rolón, ministra de la Senad, René Fernández, ministro de la Secretaría Anticorrupción y la jueza Claudia Criscioni son convocados mañana por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero.

El senador Jorge Querey (FG) pide indagar a fondo.
El senador Jorge Querey (FG), presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero y delitos conexosArchivo, ABC Color

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El senador Jorge Querey (Frente Guasu) presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero y delitos conexos confirmó que los convocados para mañana, desde las 8:00h oras, son los responsables de Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la jueza de Sentencia de Delitos Económicos Claudia Criscioni, quien presidió el Tribunal que condenó a Ramón González Daher por usura y lavado de dinero.

Indicó que las convocatorias responden al cronograma que se habían trazado en la continuidad de la investigación que llevan adelante sobre los hechos de lavado de dinero.

Sobre la nueva convocatoria para José Ortíz, presidente de Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), quien concurrió la semana pasada ante la CBI pero se negó a declarar, Querey indicó que fijarán otra fecha.

Igual situación corre para el diputado Erico Galeano (ANR- cartista), quien no concurrió a la citación alegando un cuadro de covid-19 y también los representantes de la firma “Brasfumo del Paraguay S.A”, tabacalera ubicada en la ciudad de Hernandarias, que alegaron cuestiones legales parecidas a las manifestadas por Pedro Ovelar, abogado de José Ortíz, para evitar concurrir ante la CBI.

El senador Querey recordó días pasados en entrevista con ABC Color que todos los convocados, tanto sean funcionarios públicos como personas particulares están obligados a declarar y a acercar documentos que se les solicite.

Indicó que el artículo 195 de la Constitución le da atribuciones a la CBI para recurrir a la justicia en caso que algún convocado se niegue a presentarse.

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