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El proyecto original planteaba un aumento de G. 116.945 millones, pero finalmente fue aprobada la versión de la Comisión de Presupuesto, que consiste en monto menor, de unos G. 64.707 millones, que deben ser destinados a la creación de 40 nuevas unidades fiscales y los cargos para cubrirlas (fiscales adjuntos, fiscales, asistentes) y otros gastos corrientes, tales como pago de alquileres, servicios básicos y otros.
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En general, la mayoría de los legisladores respaldó el proyecto, a excepción de la diputada Celeste Amarilla (PLRA), que adelantó su voto en contra, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de “cajoneo” de causas en la gestión de la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez.
“Pido paralelamente que la Fiscalía se tome el trabajo de ver qué realmente necesitan para el combate al crimen, fuera de desencajonar lo que tienen cajoneado. Si ellos dieran una prueba con las cientos de denuncias que están durmiendo en cajones, si dieran una prueba como esa, serían más creíbles; así como están y con esto que piden, que es solamente más sueldos, de ninguna manera se puede aprobar”, dijo Amarilla.
La legisladora liberal incluso acusó que la Fiscalía pretende utilizar el asesinato del fiscal Marcelo Pecci para simplemente obtener más dinero para salarios y que siempre se actúa de la misma manera: cuando surge algún problema se trata de solucionar dando solo más plata.
“Siempre la solución es más plata, en este caso para sueldos. Acá no estoy viendo sistemas, no estoy viendo programas, acá directamente sueldos. ¿Es que tienen que ganar más porque se murió el fiscal Pecci?, ¿Cuántos fiscales más van a matar para que su sueldo siga aumentando señora fiscala General del Estado?”, cuestionó.
También surgieron denuncias sobre presuntos esquemas de aprietes fiscales, pero no se dieron nombres. La diputada Cristina Villalba (ANR, HC) dijo que puntualmente en su departamento son agentes fiscales del área medioambiente asignados a Alto Paraná, pero que operarían en Canindeyú.
“Son cuatro fiscales que van junto a los agricultores de la región y extorsionan”, dijo Villalba sin dar nombre. La misma es conocida como “la madrina del norte” y posee antecedentes de “apretar” e incluso amenazas de muerte a funcionarios que se oponen a ella.
La diputada Rocío Vallejo (PPQ) y el su colega Manuel Trinidad (PLRA) le solicitaron a Villalba que formalice su denuncia contra estos fiscales de manera a ser serios. Trinidad afirmó que estos fiscales no son de Alto Paraná (su departamento), sino que son “teledirigidos desde la Capital” y afirmó que seguramente “vamos a tener nombre y apellido y vamos a acompañar esa denuncia”.