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Fuentes de la presidencia de la República confirmaron ayer que el Congreso Nacional no remitió aún al Palacio de López el sancionado proyecto de ley del servicio diplomático y consular y del servicio técnico y administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).
El miércoles 8 de junio, la Cámara de Diputados aceptó la ratificación del Senado y sancionó las modificaciones que se plantearon a la ley diplomática. El Ejecutivo debe emitir su decisión, sea el veto o promulgación.
Entre otras cuestiones, el Senado cuestionó que Diputados eleve a la categoría de Academia el Instituto Superior y que dependa de la Cancillería nacional y no del Ministerio de Educación.
La norma original promovida principalmente por la senadora Lilian Samaniego (ANR, oficialista), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, generó controversias en la Cámara de Diputados que forzó a los sindicatos y a la Cancillería a acordar un texto consensuado.
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Según Samaniego, el sistema de ingreso a la carrera diplomática seguirá siendo a través del concurso público de oposición y que “por única vez” se hará un concurso interno entre los funcionarios que están en el servicio técnico y administrativo para acceder a la diplomacia.
Aunque Samaniego dijo que esta ley no permitirá a nadie, entre ellos políticos, “entren por la ventana”, la senadora Blanca Ovelar (ANR, oficialista) apuntó que el artículo 65 habilita a diputados y senadores y a otros funcionarios de distintas reparticiones del Estado a incorporarse a los cursos que da la Academia Diplomática, sin aclarar por qué motivo lo harían.
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La incorporación de funcionarios por “única vez” y de manera gradual en tres años tendrá un impacto anual de G. 13.000 millones, situación financiera que no fue objetada en el Senado.