Senado sanciona ley de fondos para “ollas populares”

La Cámara de Senadores sancionó este jueves las modificaciones introducidas ayer en la Cámara de Diputados al proyecto de ley de “Comedores y centros comunitarios”, que establece la asignación de recursos estatales para el sostenimiento de organizaciones civiles dedicadas a asistir con las conocidas “ollas populares”. La iniciativa nació de la solidaridad ciudadana durante la pandemia.

Manifestación de representantes de las ollas populares.
Manifestación de representantes de las ollas populares.Diego Peralbo, ABC Color

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El proyecto de ley conocido como “ollas populares” se remite así al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. La sanción se realizó por acuerdo de las bancadas atendiendo que la Cámara de Diputados hizo modificaciones en la sesión de ayer y regresó al Senado en la fecha.

Fue uno de sus principales impulsores, el senador Stephan Rasmussen (PPQ), quien pidió al pleno declarar un cuarto intermedio y llamar a una sesión extraordinaria al término del espacio de oradores y mociones de preferencia a fin de cumplir con el reglamento.

El pleno aceptó la convocatoria y por amplia mayoría se aceptaron las modificaciones para enviarla al Ejecutivo lo más rápido posible. Tras la aceptación, se levantó la sesión extraordinaria y el Senado continuó con el tratamiento del orden del día previsto.

Rasmussen dijo que las modificaciones introducidas por Diputados eran “de forma” en cuanto al origen del financiamiento.

El año pasado, ante la ausencia del Estado,  las ollas populares realizadas por vecinos y organizaciones sociales evitaron una explosión social.
El año pasado, ante la ausencia del Estado, las ollas populares realizadas por vecinos y organizaciones sociales evitaron una explosión social.

El proyecto de ley que establece un sistema oficial de sostenimiento de estos comedores y centros comunitarios, a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Según registros oficiales de esta institución, a nivel país existen 194 comedores comunitarios que serían beneficiados una vez que se promulgue la ley.

Las modificaciones facultan al Ejecutivo a establecer los recursos para el sostenimiento de este programa, que se estima requiere de unos G. 11.000 millones anuales, aproximadamente.

En la iniciativa también se blindan los recursos para que no puedan ser recortados de manera imprevista y no se permite la financiación con préstamos, sino que tienen que ser recursos propios.

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