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El juez penal de Sentencia, Carlos Hermosilla remitió via nota la comunicación oficial de la segunda querella contra la diputada liberal Celeste Amarilla, la cual inicialmente había sido rechazada. Tal como el otro caso pendiente, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja deberá dictaminar si corresponde o no aprobar el desafuero, que debe ser definido por el pleno.
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Hermosilla inicialmente se opuso a admitir la querella, considerando que los fueros protegen a los legisladores en sus expresiones durante el ejercicio de cargo, algo amparado en la Constitución Nacional pero un Tribunal de Apelación Penal de la Capital revocó dicha resolución y lo obligó a remitir la comunicación a la Cámara Baja para analizar el desafuero.
Nazario Rojas había querellado a su colega Amarilla por “difamación, calumnia e injuria” tras haberlo tildado de “narcodiputado” tanto en sus intervenciones ante el pleno de Diputados como en entrevistas radiales y televisivas.
Misma situación se dio con la diputada Cristina Villalba, quién según Amarilla, su esposo es dueño de cultivos de marihuana en propiedades arrendadas y le recordó sus antecedentes como “protectora” de Vilmar Neneco Acosta, exintendente de Ypejhú, declarado culpable de haber ordenado el asesinato del periodista Pablo Medina.
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En el caso de Villalba, el juez Darío Javier Báez Ferreira (exconcejal de Limpio por el Partido Colorado) había admitido sin mayores miramientos el pedido, que violaría el artículo 191 de la Carta Magna que establece taxativamente que “ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones”.