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La Cámara Senadores aprobó, en su sesión del jueves por 31 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones, una “compensación” para extrabajadores de empresas contratistas de la Itaipú que sería de un monto de US$ 900 millones (algunos senadores dicen que sería incluso de US$ 2.000 millones).
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El senador colorado oficialista Arnaldo Franco dijo que se trató de una “aberración” ya que se aprobó sin saber cuánto costará realmente y además para un grupo de 16.000 personas, muchas de ellas familiares de gente que ni siquiera fue trabajadora de la Itaipú Binacional sino de empresas contratistas.
Apuntó que se exhibieron recibos de sueldos en los que figuraba pagos por “presentismo”, por hijos y otras cuestiones que no figuran en el Código Laboral y no pueden ser reclamados como derechos.
Destacó además que se abre la ventana para indemnizaciones luego de más de 30 años de haber concluido la relación laboral.
Franco indicó además que los montos que se mencionan de hasta US$ 2.000 millones es casi la mitad de lo que gasta un gobierno en 300 obras que beneficiarán a toda la población y con este proyecto se pretende darles ese monto a 16.000 personas.
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Por otro lado, dijo que este tema motivará un “estallido” cuando la Itaipú revele cuáles son las cifras reales involucradas que pueden desestabilizar las cuentas de todo el país.
Apuntó que esta iniciativa va además en contra del principio de cosa juzgada así como el principio de irretroactividad de la ley.
Sostuvo que la discusión sobre este tema es de competencia del Poder Judicial y no del Poder Legislativo. Además, se busca consagrar la imprescriptibilidad de los derechos laborales.
Sorprendido
Por su parte, el senador Fernando Silva Facetti (PLRA, llanista) se declaró sorprendido por la postura de la mayoría de los senadores el pasado jueves dado que cuando se presentó el pedido todos se reían de esta pretensión, considerándola imposible.
Indicó que desde el principio era evidente que el pedido no correspondía porque los derechos que se alegaban no existían.
Indicó que hay en los impulsores una pretensión de igualar los derechos laborales a los derechos humanos de las víctimas de la dictadura siendo que a estos derechos la misma Constitución Nacional les da un trato preferencial.
El legislador señaló que a los que ahora reclaman se les pagó su sueldo conforme a su contrato de trabajo y el hecho de que digan que no ganaban lo mismo que los del lado brasileño, no tiene asidero porque es el salario que se pagaba en Paraguay.
Por otro lado, destacó que quienes reclaman no eran obreros de Itaipú sino de empresas que subcontrataba la entidad binacional y no corresponde que le reclamen al ente hidroeléctrico. Como ejemplo, señaló que hay personal de limpieza en el Senado, que son subcontratadas y no pueden ellos reclamar a la Cámara Alta sino a la empresa que los contrató.
Destacó que con esta aprobación se abre el camino para otros pedidos, como por ejemplo los subcontratistas de la Entidad Binacional Yacyretá, que pueden alegar el mismo derecho o inclusive las empresa involucradas en la construcción de la sede Congreso.
Insistió en que jurídicamente no tienen ningún derecho a reclamar y lo que se hizo ahora es crear por ley un derecho inexistente.
Silva Facetti consideró que el Ejecutivo difícilmente acepte y además destacó que la Itaipú Binacional presentó un dictamen jurídico en contra del proyecto.
Asimismo, dijo que este reclamo ya fue tratado en la Justicia y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que lo rechazó.
El camino que seguirá el proyecto
El proyecto de ley “que reconoce como compensación histórica, beneficios laborales a los extrabajadores, obreros originarios, constructores, contratados directos, de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios de salud y de educación, de la usina de Itaipú margen derecha” fue presentado por los senadores Abel González (PLRA), Gilberto Apuril (Hagamos), Miguel Fulgencio Rodríguez (Frente Guasu) y Enrique Riera (ANR, cartista). Tras la aprobación el pasado jueves del Senado, el proyecto de ley deberá ser girado a la Cámara de Diputados. De aprobarse sin modificaciones, quedará sancionado e irá al Poder Ejecutivo, que también puede vetarlo, con lo cual retornará al Congreso Nacional que tendrá la última palabra.