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“Los cambios que se harán con relación a las reglas del gasto público, que sirven para comprometer recursos, disponer derogaciones que permitirán llevar adelante la satisfacción de las necesidades; el cambio de esas reglas merecen cierta deferencia. Es decir, hay que ser muy escrupulosos al alterar esas reglas”, refirió el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Carlos Trapani.
El ministro de la Presidencia aludió al decreto N° 7203, el Poder Ejecutivo objetó totalmente el proyecto de Ley N° 6924 que modifica la Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2022, que guarda relación con transferencias de millonarios montos de las gobernaciones a entidades sin fines de lucro.
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Trapani recalcó que los argumentos del veto total se basan principalmente en la forma de concebir el PGN, siendo esta la herramienta más importante de gestión del Estado para garantizar los derechos. Dijo que de ahí la necesidad de verlo como un instrumento estable.
Señaló que los cambios que se harán en el presupuesto deben aplicarse en casos extremos como contingencias, emergencias u otro tipo de necesidad a fin de garantizar la estabilidad y previsibilidad del dinero público. Trapani dijo que las gobernaciones tenían cerrado este objeto de gastos, la programación de créditos presupuestarios, a través de esta modalidad.
Conforme señala la normativa, los proyectistas pretendían levantar la restricción establecida en el artículo 280 que “prohibe la programación de Créditos presupuestarios en objeto de gasto 521, de “Construcciones de obras de uso público” al objeto de gastos 874 “Aportes a Entidades Educativas e Instituciones privadas sin fines de lucro y 874 “Aportes a Entidades Educativas sin fines de lucro”.
Esta atribución de los gobernadores fue recortada en el presupuesto de este año a consecuencia del festín con fondos covid-19 que realizaron presuntamente varias administraciones departamentales como en Central. El proyecto de ley sancionado por el Congreso volvió para su consideración.