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La CBI que investigará las denuncias de lavado de dinero en nuestro país quedó formalmente instalada ayer. Además de Querey (FG) como presidente, el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA) fue elegido vicepresidente y el senador Juan Afara (ANR-oficialista) como relator.
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El senador Querey informó que fijaron como día de reunión los martes a las 8 de la mañana y que entre los primeros convocados la próxima semana estarán el ministro secretario de la Seprelad, Carlos Arregui, y el presidente del BCP, José Cantero.
Señaló que en la invitación les detallarán a qué tipo de informes quieren acceder y destacó que esperan contar también con el Superintendente antilavado del BCP ya que desean tener información precisa y documentada. Apuntó que en caso de que haya documentación reservada o secreta, de carácter financiero dejarán constancia del mismo en su informe final.
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Adelantó también que las reuniones de la CBI serán transmitidas públicamente, salvo que involucren información de carácter jurisdiccional o financiera que tengan carácter secreto.
Querey indicó que la CBI definió una hoja de ruta y que desarrollarán elementos conceptuales sobre lo que es el lavado de dinero, ya que esto debe ser comprendido por la ciudadanía para no dar lugar a malas interpretaciones.
También señaló que explicarán la evolución los delitos precedentes al lavado y se abocarán asimismo a los cacos emblemáticos, como los operativos contra el narcotráfico, el contrabando y otros que se llevaron adelante en los últimos tiempos en el país.
Otro punto que analizarán, dijo Querey, son las vulnerabilidades de nuestras instituciones y de cómo funciona el lavado de dinero en Paraguay. Finalmente, adelantó que la CBI hará un resumen conclusivo que contendrá recomendaciones y eventualmente denuncias ante la fiscalía contra personas o empresas.
Recurrirían a la Fuerza Pública
Consultado sobre la posibilidad de que algunos de los convocados por la CBI de lavado de dinero se nieguen a concurrir a una convocatoria, el senador Querey apuntó que la Constitución Nacional, en su artículo 195, les otorga amplias atribuciones en ese sentido. Adelantó que podrán recurrir eventualmente a la Fuerza Pública para que las personas públicas o privadas concurran así como también a un juez para que disponga lo que corresponda en derecho, en caso de negárseles información o documentos que requieran. También se refirió a la posibilidad de reunirse con embajadores de los Estados Unidos de la América y de la Unión Europea, cuyos territorios son afectados por el envío de droga y activos desde nuestro país.