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Rachel Kutzley, consejera política y económica, y Lance Damon Awbrey, agregado de Defensa y jefe de Asuntos Internos de la Embajada de los Estados Unidos de América, se reunieron con la mesa directiva y líderes de bancada del Senado, encabezada por Óscar Salomón (ANR-oficialista).
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Al concluir el encuentro, en el que se habló sobre la ley de derribo de aviones, en estudio actualmente en el Senado, el senador Querey (Frente Guasu) señaló que los funcionarios de Estados Unidos expresaron el desacuerdo de su país con la posibilidad de que se habilite a la Fuerza Aérea de nuestro país a derribar aviones civiles de origen desconocido que no respondan a las medidas de advertencia y de intimidación.
Querey apuntó que la conversación “fue muy dura en algunos momentos” (también la calificó de “insolente”) cuando los funcionarios dijeron que los Estados Unidos retirarían la cooperación en el sector aeronáutico en caso que el Senado aprobase su versión del proyecto que habilita el derribo de aviones.
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El planteo de los funcionarios de la embajada es que el protocolo a aplicarse no llegue hasta el límite del derribo de los aviones.
Según Querey, el argumento en contra de habilitar esa medida extrema son los riesgos de que personas civiles, no involucradas en algún delito puedan recibir daños en su integridad física o que pudiera tener consecuencias graves para una aeronave civil que no esté vinculada al narcotráfico.
Otro argumento es que se esté calificando fácticamente de ilícito un hecho, sin tener la comprobación de que realmente se trate de un delito.
Querey dijo que hacer despegar aviones, operación que tiene un alto costo económico, pero sin que los pilotos estén habilitados para tomar una decisión en caso que un avión extraño no responda la radio ni a las medidas intimidatorias ni a las señales visuales ni a la indicación de aterrizar, resultaría de casi imposible aplicar la norma.
El legislador adelantó que consultarán, ya que las normas internacionales aparentemente tienen reparos sobre el derribo de aviones pero, en contrapartida, varios países tienen leyes que habilitan esa posibilidad.
Sobre el hecho de que en algunos países está permitido el derribo e igual tienen cooperación de EE.UU., los funcionarios señalaron que el caso de Colombia es muy particular y se hace una excepción y que en los otros países tienen un apoyo limitado en materia aeronáutica. Sobre el apoyo a nuestro país, dijo que consiste en entrenamiento básico, con un costo de entre US$ 2 y US$ 5 millones al año.
Proyecto de ley está en estudio
El proyecto de ley que modifica artículos de la Ley 5400/ 2015, de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Paraguayo”, originado en el Senado, fue modificado en la Cámara de Diputados, donde se dispuso facultar, como máximo, a la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) a realizar disparos intimidatorios contra aeronaves sospechosas y no identificadas. Ahora el Senado debe definir si acepta esta modificación o si se ratifica en su propuesta original que permite, como medida extrema, el derribo de aeronaves no identificadas.