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La gestión de Vera, a quién se otorgaron US$ 2 millones de fondos para la reactivación económica debido a la pandemia, está denunciada por presuntos desvíos millonarios, a través de organizaciones no gubernamentales manejadas por sus subalternos en la Gobernación, entre otras presuntas irregularidades.
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El punto llegó a empezar a discutirse ayer en la sesión extraordinaria que se convocó en Cámara Baja, pero quedó en la nada ante la falta de quorum. “Resulta que el gobernador del Guairá hizo autofacturas por G. 12.700 millones que fueron entregados a las ONG en plena pandemia, mientras obligábamos a la gente a que se quede en casa y estén encerradas, a que sobrevivan”, afirmó el diputado Hugo Ramírez (ANR, oficialista), que recomendó ante el pleno la aprobación de la intervención.
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“Si la intervención no tiene fundamentos, o el pedido de los concejales no tiene fundamentos, el pedido de los concejales va a servir para aclarar. Si la Contraloría en sus informes no tiene razón, la intervención va a lograr aclarar”, acotó.
Agregó que “si el gobernador está seguro de su administración, pues la intervención va a ayudar a aclarar su administración”.
El cartismo claramente se mantiene en contra, calificando el pedido como una “extorsión”, según el titular de Diputados Pedro Alliana (cartista). “Querer meter una intervención que es una persecución de un grupo que quiere apoderarse de la Gobernación para financiar su campaña política. ¿Eso no es extorsión?”, dijo.