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El diputado Derlis Maidana (ANR, HC), presidente de la comisión asesora, firmó por el rechazo de la objeción parcial del Ejecutivo, mientras que los opositores Jorge Ávalos Mariño (PLRA) y Rocío Vallejo (PPQ) recomendaron al pleno aceptar la objeción del Ejecutivo.
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La norma vigente, Ley 5033/2013, establece en el segundo párrafo de su artículo 14 “la obligación de la Contraloría General de denunciar al Ministerio Público cualquier error u omisión en una declaración jurada de un funcionario público, si surgieran indicios de que la omisión u error fuese con dolo imputable al declarante”.
Mientras que la modificación planteada en el proyecto de ley vetado dice en su segundo párrafo que “el funcionario declarante podrá efectuar en cualquier momento las rectificaciones que considere convenientes”, eliminando del texto lo referente a la Contraloría y su deber de denuncia.
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Con la ratificación de la versión del Congreso a la ley que despenaliza los olvidos en las declaraciones juradas se abre la posibilidad de que pueda favorecer delitos como el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito.
Maidana prefirió no ahondar en los fundamentos que motivaron a que existan dos dictámenes en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja.
El fundamento del Ejecutivo
El presidente Mario Abdo Benítez vetó parcialmente el proyecto de ley sancionado que despenaliza las declaraciones juradas (DD.JJ.) falsas de funcionarios públicos. La iniciativa es considerada como un incentivo para el ocultamiento de bienes, la corrupción y el lavado de dinero.
Según el argumento del jefe de Estado, ‘’la declaración obligatoria de bienes y rentas es una de las herramientas para la transparencia gubernamental y la lucha contra la corrupción”, había expresado a través de su cuenta de Twitter.
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Son varios los casos de los políticos que pretenden que las rectificaciones en las declaraciones juradas no sean penalizadas. El cartismo tendría un especial interés, ya que su líder, Horacio Cartes, siendo presidente de la República no declaró su empresa offshore en Panamá.
El diputado cartista Erico Galeano (candidato a senador) en el 2018 omitió declarar millonarios bienes en sus declaraciones juradas, entre ellas 11 cuentas bancarias, acciones y una decena de propiedades a su nombre, una de ellas la lujosa vivienda en la Urbanización Aqua Village, en Altos, vendida al supuesto narco Hugo González. En una reciente corrección volvió a olvidar propiedades y acciones.