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Admitió que lo publicado en un tweet de Mauricio Espínola, secretario privado adjunto de la Presidencia de la República, de que en 3 años cobró en el banco Basa US$ 1.562.826 millones era una información cierta pero que fue utilizada de una fuente privada del Estado y compartida con un funcionario de alto nivel del gobierno.
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Indicó que su único objetivo es ver de dónde se filtró la información y cuál fue el mecanismo que se vulneró.
Sostuvo que deseaba precautelar que no se utilicen los mecanismos represivos del Estado con fines político electorales.
Peña afirmó también que no hay ninguna irregularidad en su salario y que es el mismo que perciben otros directores de bancos.
Aunque admitió que él no era un ciudadano común por ser ya precandidato a la presidencia de la República, insistió en que la ley lo protegía.
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Respecto a la ley de “puerta giratoria” en estudio en el Congreso, para impedir que altos funcionarios públicos con información privilegiada del Estado ingresen a la actividad privada inmediatamente después de dejar el cargo, Peña dijo que era “una tremenda ridiculez” porque el Estado no puede prohibirle trabajar a una persona que vive de sus ingresos.
Sobre el hecho de que este tipo de leyes está en vigencia en otros países, dijo que era solo en algunos países y que no era adecuada “a nuestra realidad”. Afirmó que causaría mucho daño porque el Estado necesita nutrirse de gente con experiencia en el ámbito privado.