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Según Vargas, eso se evidencia en la exposición de motivos del proyecto de ley que cuenta con media sanción de Diputados, donde se afirma que actualmente existe la posibilidad de hacer servicio civil o de abonar una contribución de cinco jornales (G. 440.225), lo cual según la especialista es falso.
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También deja en claro que la “contribución” se aplica desde el 2010 a la fecha e incluso con la modificación que pretenden, únicamente a quienes se declararon objetores antes del 2010, si y solo si se organiza la modalidad de cumplimiento del servicio civil y el objetor declarado entre 1992 y el 2010, no desee hacerlo. En tal caso, surge la obligación de la contribución de cinco jornales, señala Vargas.
Recordó que la Defensoría del Pueblo tuvo mucha crítica durante la pandemia cuando desaforadamente se puso a cobrar en las Colonias Menonitas. Cuestiona que la Defensoría del Pueblo no tenga organizado el servicio sustitutivo. “Si la propia institución no está organizada ¿por qué me tiene que cobrar?, se preguntó.
Muerte civil al objetor
La especialista cuestionó que se incorporen sanciones al proyecto de ley para obstaculizar la tramitación de documentos. “Se reconoce como un derecho la objeción de conciencia. La Constitución es clara al señalar que la reglamentación del ejercicio de este derecho no deberá tener carácter punitivo, pero resulta que en esta modificación tiene un carácter punitivo porque te van a castigar prohibiendo gestionar los documentos, incluidas becas, concursos para acceder a un empleo. Buscan con un proyecto colisionar la Constitución“, indicó.
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Vargas insiste que sólo si no esta organizado y un objetor se niega a hacer el servicio civil en ese caso si se puede exigir el pago. Cuestiona que la modificación del artículo 21 se plantee que los fondos de las contribuciones serán destinados a las políticas públicas de la objeción de conciencia que no existen.
También cuestionó que el dinero se destine a acciones sociales en materia niñez y adolescencia en situación de pobreza dentro del Presupuesto General de la Nación de la Defensoría. “Sus acciones son desconocidas y no se encuentran en sus informes de gestión del 2020 y 2021″.