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El jefe municipal de Mariscal Estigarribia, distrito de Boquerón, salió al paso de un informe oficial del Ministerio de Hacienda que lo incluye entre las 15 ciudades que no reciben fondos de royalties y el Fonacide por presuntas irregularidades.
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Víctor Díaz (Alianza), quien asumió el cargo el 10 de noviembre pasado, culpó de la situación a la administración anterior. Dijo que el bloqueo de fondos por parte de Hacienda es consecuencia directa de la falta de pagos del 15% del impuesto inmobiliario que la comuna debía transferir a las cuentas de la gobernación de Boquerón.
En un comunicado, el jefe municipal afirmó que para dar cumplimiento a las normativas legales que les permita recibir los recursos retenidos por el Ministerio de Hacienda, han iniciado los trámites para honrar la deuda “heredada” firmando convenios tanto con la cartera estatal como con la gobernación local.
Agregó que incluso la Abogacía del Tesoro de Hacienda, ha emitido dictamen favorable para una facilidad de pagos en cuotas sobre la deuda existente en la gobernación de Boquerón y en Hacienda.
El administrador municipal, Nelson Martínez, en contacto con ABC Color señaló que la responsabilidad recae sobre Elmer Vogt (ANR, exPPQ) quien fue intendente del 2015 a julio de 2021, cuando renunció al cargo para buscar la intendencia del nuevo distrito de Boquerón en las elecciones municipales, contienda que perdió ante César González (Alianza).
Retenciones y rendiciones
El Ministerio de Hacienda informó que de enero a abril de este año, un total de 15 intendencias no recibieron transferencias en royalties ni Fonacide por acumulación de irregularidades o falta de rendición del 2021. Entre ellas se encuentran Asunción, Areguá, Villa Hayes y Quyquyhó, entre otros incluyendo Mariscal Estigarribia.
Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR) recientemente reveló que la gobernación de Central y otras 35 intendencias no rindieron gastos del uso de los royalties y el Fonacide de enero a abril del 2022. Un reciente informe redujo la cifra a 12 distritos.
Estos rubros deben estar blindados a la obras públicas y la educación, pero algunas administraciones los usan para pagar “gastos rígidos” como sueldos y aguinaldos por lo que no saben como justificarlo posteriormente.
