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La iniciativa establece que así como hay clasificadores específicos dentro del presupuesto para Salud (3.10), Seguridad Social (3.30), Educación (3.40), etc., ahora se agrega el 3.80 para pueblos indígenas.
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El senador Fernando Lugo (FG) argumentó a favor del proyecto, mencionando que si bien las leyes nacionales y acuerdos internacionales establecen claramente los derechos de pueblos originarios, estos no se garantizan sobre todo por la falta de recursos.
“La realidad es que estos derechos son vulnerados sistemáticamente, en el marco de un abandono histórico institucional y de una violencia estructural contra los pueblos indígenas, que principalmente se plasman y manifiestan en el presupuesto que el Estado paraguayo asigna al cumplimiento de sus derechos”, afirmó Lugo.
El senador también refirió que no solo el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) maneja recursos para estas comunidades, sino también el Ministerio de Educación y Ciencias y otros, lo que dispersa la posibilidad de control.
“Estos presupuestos no son posibles de estudiar, planificar y controlar, puesto que no están identificados como tales, motivo que complejiza la situación del mal manejo presupuestario que actualmente deben los pueblos indígenas en detrimento de sus derechos constitucionales”, dijo.