Los jueces Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre, quienes integran el Tribunal de Sentencia que juzga al policía Gustavo Adolfo Florentín Silva, actualmente de 31 años de edad, por el homicidio del dirigente liberal Rodrigo Quintana Arrúa, quien tenía 26 años, resolvieron ayer dejar sin efecto la constitución en la Comandancia de la Policía Nacional (PN) y luego en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que se tenía previsto para hoy a partir de las 17:00.
La defensa pidió que se deje sin efecto la constitución. Los abogados pretendían mostrar en la sede del cuartel central de Policía que había armarios destinados a balines de plomo y de goma, respectivamente.
No obstante, se supo que la querella pretende que se haga una reconstrucción de los hechos, mientras que la fiscalía quiere la constitución tanto en la sede policial como en la casa de los liberales.
Todo esto será requerido y luego evaluado por el tribunal a partir del miércoles, en el marco del juicio oral que se desarrolla por la muerte de Rodrigo Quintana en la sede del PLRA, ocurrida en la madrugada del 1 de abril de 2017 y atribuida justamente a Gustavo Florentín, quien integraba el comando policial que salió de la Comandancia supuestamente en persecución de un grupo de manifestantes.
Incidente fatal tras disturbios en protesta por reelección presidencial
El incidente fatal ocurrió luego de los disturbios en las manifestaciones del #31M en repudio a la enmienda constitucional con la que se pretendía establecer la reelección presidencial.
Las protestas se llevaron a cabo aquel 31 de marzo de 2017, pero continuaron hasta el día siguiente. Literalmente, recién después de la muerte de Quintana se abortó el plan de violación de la Constitución al cual ya se habían adherido varios parlamentarios de distintos sectores políticos.
Los principales impulsores fueron el entonces presidente Horacio Cartes, quien buscaba su reelección, y el senador Fernando Lugo, interesado en postularse nuevamente a la presidencia, ambos motivados por la posibilidad de modificar las reglas electorales.
