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Sin embargo, las chicas y sus familiares que acompañan a diario las manifestaciones a las que ya se plegaron organizaciones de defensa de Derechos Humanos, basan sus exigencias en ser admitidas en el Colegio de Policía en la Ley 7.280 “De la Reforma y Modernización Policial”, que precisamente fue promovida por el actual ministro Enrique Riera y que fue aprobada a las apuradas por el Congreso Nacional, al parecer sin estudiar los artículos y asegurarse de que la Policía Nacional estaba capacitada para cumplirla.
Precisamente, uno de los artículos de la presente ley establece el ingreso de todas las postulantes femeninas que cumplan requisitos (sin cupo máximo). A esto se suma la normativa de la no discriminación en unidades académicas policiales, que también está vigente.
De 16.000 postulantes al Colegio de Policía en 2024, 6.000 eran mujeres
El año pasado se presentaron 16.000 postulantes para el colegio de Policía, de donde egresan los suboficiales, de estos aspirantes 6.000 eran mujeres y 10.000 eran varones. De los 10.000 varones entraron unos 4.150 y de las 6.000 mujeres ingresaron unas 850, que es la capacidad máxima físicamente puede albergar el Colegio de Policía de Capiatá, ya que es el único lugar de las 11 regionales, que fue adecuado para recibir a las alumnas.
Es más, fuentes de la Policía Nacional confirmaron que en el 2022 la cantidad de mujeres admitidas en el instituto de formación era de apenas 150, la que al año siguiente subió a 540 y el año pasado, en el 2024 ascendió a 850.
Pero el grave problema surge cuando alrededor de 3.000 fueron las que cumplieron con todos los requisitos legales para ingresar, entonces las denunciantes se preguntan que patrones siguieron los responsables del Instituto Superior de Educación Policial (Isepol) para seleccionar a las 850 que entraron y para dejar afuera a unas 2.300, en violación de las legislaciones vigentes.
El perjuicio económico que dejó la cuestionada decisión de Isepol
Esta arbitraria decisión de las autoridades del ISEPOL genera un tremendo perjuicio económico en las familias de estas chicas que fueron dejadas afuera del Colegio de Policía pese a haber obtenido y con creces los puntajes requeridos, ya que cada una de estas víctimas del sistema gastaron más de G. 3.000.000 solamente en concepto de curso probatorio, inscripción, cartilla digital, autenticación de documentos, inspección médica y examen psicotécnico.
Si multiplicamos los G. 3.000.000 por las 2.300 jóvenes tuvieron que pagar para acceder al instituto de formación tenemos un monto que ronda los G. 7.000 millones de guaraníes de los cuales, la mayor parte fueron a parar a la Dirección Administrativa del Isepol. Si resolvieron arbitrariamente y contra las leyes no admitirlas, lo legal sería que devuelvan a las chicas lo que han gastado, señalaron las denunciantes.
En la mañana de hoy las manifestantes se reunieron con responsables de la Defensoría del Pueblo, para que estos puedan intermediar a favor de las aspirantes a policía. Pero si los responsables del Isepol no cambian de postura recurrirán a una demanda judicial, ya que existen leyes que protegen y amparan a las afectadas.