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Las repercusiones del asesinato en la cárcel de Bogotá, Colombia de La Picota, del señalado como testigo de valor, Francisco Luis Correa Galeano, hacen hincapié en cómo es que de estar recluido en un búnker de la Fiscalía, terminó en una prisión donde hay casos de corrupción.
Juan Martens, experto en Criminología, describió en ABC TV, las características similares de este reclusorio con el de Tacumbú u otras penitenciarías de Latinoamérica.
“En diciembre pasado detuvieron a funcionarios que operaban para que haya lujos y drogas dentro de La Picota. En un pabellón de máxima seguridad, se documentó la forma en que entraban estupefacientes, alcohol, y aparatos celulares”, explicó.
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Resaltó que el Estado colombiano está prácticamente ausente, pues es un lugar en que se produce la compra-venta de privilegios. Dentro de esta prisión hay 7 mil reos, distribuidos en diversos grupos criminales.
Mencionó que se vendían prisiones domiciliarias, porque un exalcalde pagó a guardiacárceles para que lo lleven a su casa a 500 km del penal.
“El traslado de Correa era una condena de muerte”, afirmó
Sobre los motivos que derivaron en el homicidio de Correa, Martens hizo algunas interpretaciones. Primero indicó que cambiarle a este tipo de cárceles perdiendo esa protección del Estado, que lo protegió mucho tiempo en una sede más segura, fue una condena de muerte.
“Sería muy ingenuo pensar que las autoridades colombianas no conocían de esta situación”, refirió.
El especialista citó dos posibles causas: la primera es que Correa Galeano rompió lo que es como un código entre sicarios, el de no colaborar con la Justicia generando una traición, pues él sí aportó información. La otra es que las personas o grupos que están detrás del crimen de Pecci, están molestos por lo que Correa pudiera contar.
No se tiene certeza del motivo del traslado, pero cree que se dio en connivencia con el crimen organizado para que lo terminen matando, con lo que su muerte era previsible. “Podríamos pensar en un poder fáctico y en la filtración de datos”, dijo.
A criterio de Martens, este hecho es un desprestigio para Colombia, pues debió proteger a Correa bajo estándares internacionales