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Por Resolución FGE número 5083, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso crear cuatro grupos de cuatro fiscales para unificar la investigación de diversas causas con un denominador común tramitadas en distintas unidades fiscales dependentes del Área 5, departamento de Itapúa del ministerio público. La medida responde a un pedido formulado por la fiscal general adjunta para Itapúa, Fabiola Molas, quien asumió el cargo en octubre pasado.
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La Resolución 5083 crea cuatro grupos de trabajo para el tratamiento de diferentes causas relacionadas entre si. El primero de estos grupos está conformado por los fiscales Luis Alberto Caballero, de la fiscalía de Mayor Otaño; Raquel Bordón, de la unidad especializada en delitos ambientales de Encarnación; Édgar Francisco Villaverde, titular de la Unidad 3 de Encarnación, y el fiscal Enrique Fornerón, titular de las unidades especializadas en lucha contra el narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con sede en Encarnación.
Este grupo de trabajo, bajo la coordinación del fiscal Villaverde, deberá investigar un total de 12 causas relacionadas con la comunidad indígena Makutinga, un ciudadano de nombre Antoliano Sánchez, el político Benjamín Adaro y la empresa agroindustrial Microplant S.A., según consigna la Resolución de la FGE.
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Los procesos penales
Las causas a ser investigadas por el equipo especial de fiscales están individualizadas como Causa Nro. 43/2016: “Innominada sobre supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno”, que se tramita en la Unidad 2 de la Fiscalía de Mayor Otaño. Causa 327/2017: “Innominado sobre supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno”, tramitada en la Unidad 2 de la fiscalía penal de Mayor Otaño; Causa 332/2017: “Innominado sobre supuesto hecho punible de coacción grave y amenaza”, Unidad penal 2 de Mayor Otaño; Causa Nro. 336/2017: “Antoliano Sánchez sobre supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno”, tramitada en la Unidad Penal 1 de la fiscalía de Mayor Otaño; Causa Nro. 100/2020: “Enio Antoniolli y otros sobre supuesto hecho punible de tala y quema de bosques”, a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales número 1 de Itapúa.
Las más recientes, y que afectan a la invasión de unas tierras propiedad de una empresa agroindustrial, Microplanta S.A., son: Causa Nro. 360/2024: “Personas innominadas sobre supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno”, que se tramita en la Unidad Penal número 1 de Mayor Otaño; Causa Nro. 367/2024: “Innominado sobre supuesto hecho punible de coacción grave y otros”, en trámite en la Unidad Penal número 2 de la fiscalía de Mayor Otaño; Causa Nro 393/2024: “Celso Silva Pereira sobre supuesto hecho punible de coacción grave, amenaza, tenencia de armas” que se tramita en la Unidad Penal 2 de la fiscalía de Mayor Otaño; Causa Nro. 420/2024: “Celso Silva Pereira sobre supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno”, que se investiga en la Unidad Penal 2 de la fiscalía de Mayor Otaño; Causa 441/2024: “Richard Plangger sobre supuesto hecho punible de robo agravado, hurto agravado en banda, producción de riesgos comunes” que se tramita en la Unidad Penal número 1 de Mayor Otaño; Causa 1403/2024: “Persona innominada sobre supuesto hecho punible de hurto”, que se tramita en la Unidad Penal número 3 de Encarnación; Causa 8184/2024: “Celso Silva Pereira y otros sobre supuesto hecho punible de tala y quena de bosques” que se tramita en la Unidad Especializada de Delitos Ambientales número 1 de Itapúa.
Urgen imputación de presuntos invasores
Mediante un escrito presentado por la empresa Microplant S.A. a través de su representante legal, abogado Pedro Czeraniuk, en la causa 360/2024, la misma solicita la imputación de cuatro personas individualizadas como presuntos invasores de su inmueble, a quienes identifica como Celso Silva Pereira, Fernando José Ávila Ariste, Fernando Ramón Acosta Acuña y Adrián Acosta Britez.
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Según la denuncia presentada por el gerente de la firma, Richard Plangger, los invasores destruyeron con productos químicos (secante químico) un cultivo de 60 hectáreas de avena orgánica para exportación, y en su reemplazo cultivaron soja transgénica, provocándole un perjuicio económico y ecológico de envergadura.
En su petición, el letrado sostiene que en declaraciones ante el Ministerio Público, Silva Pereira admitió haber ingresado al predio en disputa
De acuerdo a la nota presentada ante la Fiscalía “… el Sr. Celso Silva Pereira, diciendo ser arrendatario de la Matrícula H22/2920 de Carlos Antonio López, propiedad del Sr. Benjamín Adaro Monzón, alegando que este ocupa para cultivos dichas tierras y que supuestamente fuera amedrentado por personales de la firma Micro Plant S.A.”.
Añade Czeraniuk que ante la denuncia por invasión de que fue objeto, Silva Pereira recusó al fiscal de Mayor Otaño, Luis Caballero, “manifestando una serie de situaciones jurídicas inexistentes, falseando declaraciones y documentos”, por lo que el caso fue derivado a la Unidad Fiscal Nro. 1 de Encarnación. “Lo cierto y concreto es que de dicho escrito (declaración de Silva Pereira) se desprenden con claridad dos hechos: 1) Celso Silva Pereira reconoció expresamente ocupar una parte de la propiedad objeto de la presente denuncia y 2) Celso Silva Pereira admite la existencia de un vínculo directo con el Sr. Benjamín Adaro Monzón”, afirma el denunciante. La declaración de referencia se encuentra en folios 119 y 120 de la carpeta fiscal, acotó.
El denunciante lamentó la inseguridad jurídica que afecta a su mandante, quien además de sufrir una gran pérdida económica con la destrucción de su cultivo, perdió la condición de área de cultivo orgánico con certificación que tenía en el predio invadido.
El conflicto entre la empresa Microplant y Silva Pereira, arrendatario de Benjamín Adaro Monzón, inició el nueve de septiembre pasado, tras una denuncia presentada por Plangger por invasión de inmueble y destrucción de cultivos ante la fiscalía zonal de Mayor Otaño.
La representante legal de Silva Pereira, abogada Estela Mari Escobar, sin embargo, sostuvo que la propiedad en disputa pertenece a Benjamín Adaro Monzón, quien alquila ese inmueble a su cliente para el cultivo de soja. Escobar afirma que su cliente es la víctima en este caso.