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La coacusada Yisela Noemí Ramírez argumentó motivos graves que afectan la imparcialidad e independencia para recusar al juez de Garantías Miguel Palacios, quien había convocado para hoy la audiencia preliminar para el supuesto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz, el exdiputado colorado Ulises Quintana y más de veinte acusados en el caso Berilo.
“Según puede leer de todas las últimas actuaciones y resoluciones que me pasaron, como así también todas las anteriores, vuestra señoría está totalmente servicial al Ministerio Público y al parecer, todas las defensas técnicas son vuestros enemigos (sic). Rechaza todos los planteamientos sin respetar la ley y menos a nuestra Constitución Nacional”, resalta parte del escrito de recusación presentado a las 7:10 de este lunes 9 de diciembre.
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En la recusación planteada bajo patrocinio del abogado Édgar Martínez, la encausada en el caso Berilo afirma ser una víctima de la conducta del juez de Garantías, teniendo en cuenta que hace más de seis años está con prisión preventiva, olvidando que es inocente mientras no haya una sentencia condenatoria firme que diga lo contrario, según resalta en su escrito.
Ramírez puntualiza también que por ley, el juzgado de Garantías tiene la obligación de revisar cada tres meses la medida cautelar que cumple desde setiembre de 2018, sin embargo, no solo incumple la normativa en este aspecto, sino que además rechazada todos los pedidos de revisión de la prisión preventiva, sin más fundamento que la alta expectativa de pena por los hechos acusados en su contra.
Décima suspensión por chicanas de las defensas
Esta es la décima vez que se suspende la audiencia preliminar, debido a recursos dilatorios planteados por las defensas de los más de veinte acusados por el Ministerio Público en la causa Berilo.
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La última vez que se intentó llevar a cabo la audiencia preliminar fue el lunes 9 de setiembre de 2024, cuando se suspendió debido a recusación planteada el viernes 6 de setiembre por el acusado Sixto Arias Villalba, en contra del juez Miguel Palacios porque el magistrado rechazó su pedido de medida alternativa a la prisión por compurgamiento de pena mínima, pese a que cumplió los 5 años de prisión.
Respecto a los recursos planteados por las defensas, la coacusada Yisela Ramírez señala en la recusación promovida este lunes que el juzgado de Garantías pretender atribuir a los encausados el tiempo que tardó la Sala Constitucional en resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el propio Ministerio Público.
“Abiertamente carga sobre los procesados la mayor chicanería planteada por la Fiscalía General ante la Corte Suprema de Justicia, la acción de inconstitucionalidad que robó casi 2 años y seis meses de este proceso, y ahora por esa antigüedad no permite a los defensores viajar, atender otras causas ni poder pasar su maternidad con tranquilidad”, señala Ramírez en su escrito de recusación contra el juez.
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Cucho financió a Ulises, según fiscalía
Según la hipótesis de la Fiscalía, la organización que lideraba Cucho introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná, para posteriormente ser enviados hasta Brasil.
El grupo delictivo logró inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero fruto del tráfico internacional de cocaína, según la acusación.
Sobre Ulises Quintana, sostiene que fue financiado por Cucho Cabaña, con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.
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A este hecho se suma que Ulises utilizó la camioneta Toyota Land Cruiser 2008, matrícula JJX 009 propiedad de Cucho, quien adquirió el rodado con dinero proveniente del narcotráfico.
Habría colaborado para liberar dinero narco
La acusación fiscal sostiene además que el entonces diputado colorado, como parte de la organización criminal, recibía instrucciones directas de Reinaldo Javier Cabaña. En ese sentido, Quintana Maldonado colaboró para la liberación de la suma de 184.000 dólares, previo pago de 6.000 dólares.
Para ese efecto el Quintana envió a sus dos emisarios José Alarcón y Carlos Aguilar para que concreten la liberación de Diego Medina, portador del dinero que luego fue destinado a la compra de cocaína, según la acusación fiscal.
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Dicho cargamento de droga fue incautado en Santa Terezinha de Itaipú el 2 de setiembre de 2018 por agentes de la Policía Rodoviaria Federal del Estado de Paraná, Brasil.
Cucho con arresto domiciliario
El supuesto traficante de drogas Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias “Cucho”, sigue cumpliendo arresto en un domicilio de Lambaré, luego que el pasado 29 de noviembre el juez Miguel Palacios rechazara el pedido de la defensa, que había solicitado cambiar a una vivienda ubicada en el distrito de Juan León Mallorquín, departamento de Alto Paraná.
Los defensores de Cucho alegaron que el acusado necesita estar cerca de sus tres hijos menores de edad, sin embargo, el magistrado a cargo del caso puntualizó que uno de los puntos tomados en cuenta para otorgarle arresto fue que el domicilio esté dentro de la zona ubicada en Gran Asunción, alejado de los centros fronterizos y de influencia del presunto narco.
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En la audiencia de revisión la fiscal Lorena Ledesma se opuso al pedido, alegando que el cambio del lugar del arresto dificultaría que se garantice el sometimiento de Cabaña Santacruz al proceso por el caso Berilo.