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Así se desprende de la acusación presentada contra el pastor José Alberto Insfrán por lavado de activos y asociación criminal por el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, ante la jueza Rosarito Montanía.
José Alberto Insfrán Galeano, actualmente recluido en una cárcel de máxima seguridad, es hermano de Miguel Ángel Insfrán Galeano, considerado uno de los líderes de una organización criminal que fue desbaratada con el operativo A Ultranza Py, realizado por la Secretaría Nacional Antidrogas, bajo la dirección del fiscal Pak.
Tío Rico también está en una cárcel de máxima seguridad, pero en Minga Guazú.
La acusación refiere que una de las formas de potenciar a la organización fue mediante las financiaciones de las campañas políticas, con el fin de ubicar a las personas afines a la organización criminal, en los distintos cargos, entre otros, en el Poder Legislativo, en el Municipio de Curuguaty, como así también en la Gobernación del Departamento de Canindeyú.
Magno Deleón y su supuesta implicancia
La acusación del fiscal Deny Yoon Pak dice que el dinero del narcotráfico también era introducido en el sistema judicial y de seguridad para contar con información privilegiada.
Refiere que eso sucedía “mediante los pagos realizados a los funcionarios de las distintas instituciones del Estado, en especial a los órganos encargados de la fuerza pública, a quienes los mantuvo corrompidos a cambio de obtener informaciones privilegiadas, con el fin de no ser descubiertos ni detenidos”.
Añade: “Igualmente tuvo a su servicio a funcionarios judiciales, como en el caso del acusado Magno Deleón, quien cumplía el cargo de ‘Jefe de Sección, categoría JB1′, en el ‘Subprograma de Administración de Justicia del Departamento de Canindeyú’, a partir del año 2020 y anteriormente se desempeñó como dactilógrafo y otro”.
Magno Deleón está acusado por los hechos de lavado de dinero en asociación criminal para la simulación de la procedencia del activo proveniente del narcotráfico.
Para la Fiscalía, la inyección del dinero fue clave para la fuga de implicados en el esquema criminal. En ese contexto indica que la información que precisamente la organización criminal obtuvo de manera previa, “les sirvió a sus integrantes para salir del país o mantenerse ocultos”, desde que se ejecutó A Ultranza Py.
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Pretendieron valerse de las actividades de la Iglesia
Indica que para el efecto pretendieron valerse de las necesidades de las personas que acudían a la asociación religiosa denominada Centro de Convenciones Avivamiento, “que previamente fue creada para dicho fin, a quienes se les suministraban principalmente medicamentos y demás insumos básicos de subsistencia, para así mantener la simpatía de sus seguidores y luego direccionar el sentido de sus votos en las elecciones.”
“Es así que el núcleo de la familia Insfrán logró colocar al acusado Magno Deleón como concejal de la Municipalidad de Curuguaty, quien ganó las elecciones en el mes de octubre de 2021, para el periodo 2021 a 2025; mientras que al acusado Juan Carlos Ozorio lo tuvo a su servicio durante el periodo de tiempo en el que el citado se desempeñó en el cargo de Diputado Nacional y a quién se lo pretendía ubicar como Senador”, indica Pak en la acusación.
El fiscal puntualiza que este último propósito no pudo ser cumplido, al igual que la aspiración del acusado José Insfrán de convertirse en Gobernador del Departamento de Canindeyú, debido a la investigación que se encontraba en curso, la cual culminó con el «Operativo A Ultranza Py».
La Fiscalía acusa que con el producto del narcotráfico José Insfrán creó la figura de la asociación religiosa, “con el objeto de utilizarla como fuente de justificación para simular que las ganancias ilícitas puestas en circulación, dentro del sistema económico y financiero nacional, provienen de las actividades propias del culto, cuando, en verdad, tienen su origen en la actividad del tráfico internacional de cocaína realizada por el citado líder de la organización criminal, como ocurrió en la realidad, en la que, de pagar alquiler mensual por valor de G. 5.000.000, por el inmueble utilizado como sede de su centro, pasó a comprar bienes y realizar construcciones de obras destinadas para su sede de culto, por valor total, aproximadamente, de G. 17.026.578.471.
Clan aumentó volumen de compras al aliarse
La constitución de empresas fue clave para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Esto se desprende de la acusación del fiscal antidrogas Deny Yoon Pak.
“Mediante las constituciones de empresas, con las cuales se adquirieron, entre otros, bienes muebles, inmuebles y semovientes, cuyo volumen de compra precisamente se aumentó en el periodo de tiempo en el que los Insfrán se aliaron a Marset y demás integrantes del grupo criminal”, refiere el escrito
“Asimismo, a través de las citadas empresas, José Insfrán utilizó los documentos de las firmas y creó certificados de trabajos para utilizarlos como respaldo y justificación de sus supuestos ingresos, entre otros, en el sistema bancario, financiero y cooperativa, para obtener créditos y realizar descuentos de cheques y, de tal manera, poner en circulación en el tráfico económico nacional el capital ilícito, para luego disimular que el dinero utilizado proviene de los préstamos, cuando en realidad es producto de los envíos de cargas de drogas realizados por Miguel Insfrán”, sostiene la acusación.
Pak pide también sanción económica. “Es así que tanto los bienes y demás objetos, como también las empresas, corresponden ser comisados, con el objeto de reprimir los actos tendientes a legitimar el dinero proveniente del tráfico de droga”,
Creó empresa ficticia para Sebastián Marset
José Alberto Insfrán Galeano le facilitó al uruguayo Sebastián Marset Cabrera, colíder de la organización criminal (actualmente prófugo de la justicia), la posibilidad de utilizar la figura de una empresa que el citado acusado la constituyó el 11 de octubre de 2019.
Esta empresa, identificada como Mastian Productions, el pastor la constituyó con el con RUC N° 80110253-7, junto con Ovidio Javier Rojas Ferreira —otro integrante del Centro de Convenciones de Avivamiento—, con capital social de G. 1.000.000.000 y con domicilio sobre las calles República de Colombia N° 872, casi México, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, propiedad registrada a nombre de la imputada —en rebeldía— Carolina Insfrán Galeano.
Según la Fiscalía, crearon la empresa " con el objeto de que Marset pueda realizar una puesta escénica y simular ser un empresario de artes y espectáculos asentado en Paraguay, dedicado a la supuesta organización de eventos y conciertos.”
Añade que de esta manera Insfrán le facilitó a Marset la posibilidad de radicarse en el país bajo una personalidad simulada y, al mismo tiempo, también le aseguró la oportunidad de valerse de la apariencia de la empresa creada por dicho acusado, a fin de que Marset pueda disfrutar de sus ganancias ilícitas provenientes del tráfico de cocaína,