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Una mujer de 43 años denunció en en el año 2022 a su pareja, un personal militar, por el hecho de violencia familiar. Una denuncia la presentó tanto ante el Juzgado de Paz, donde también otra formuló otra este año al igual que ante el Ministerio Público, de la ciudad de Piribebuy, departamento de Cordillera. Desde este último no se realizó acción formal alguna, según expusieron los abogados Hernán Liseras y Julio Recalde, quienes ejercen la representación de la víctima.
En ese sentido, en audiencia realizada en enero pasado ante el juez de Paz Julio Brítez, la mujer se ratificó en su denuncia. Señaló en aquella ocasión “tengo demasiado miedo por la vida de mi hijo y la de mi familia, constantemente me hostiga, me amenaza. Siempre cuando lo hace, lo hace frente a mi hijo de 7 años”.
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En el Ministerio Público se abrió una causa y esta fue asignada a la fiscala Noelia Montanía. Sin embargo, la agente no efectuó diligencia alguna y tampoco formuló imputación de acuerdo con lo señalado por la respresentación de la víctima y denunciante en este caso, ejercida por Liseras y Recalde.
La mujer a través de sus representantes legales, en el mes de abril, urgió la imputación del denunciado, pero con la proposición de que intime al juez de Paz de Piribebuy a modo de que remita los dos expedientes relacionados a la denuncia por violencia hecha por la víctima. Luego en julio urgió la imputación y en setiembre reiteró su pedido con la proposición de declaraciones testificales de personas.
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Víctima de violencia alega desconfianza hacia trabajo fiscal
Ante la falta de respuestas, los abogados Hernán Liseras y Julio Recalde recusaron a la fiscala Noelia Montanía, fundando su acción en el artículo 50° del Código Procesal Penal. En el escrito señalaron lo dicho por la propia víctima que “a pesar de las diligencias propuestas por mi parte y de la abundante carga probatoria que he aportado en contra de mi denunciado, elementos probatorios como el informe psicológico [...] revelan las secuelas que he tenido en el ámbito psicológico como consecuencia de los hechos violentos denunciados”.
El fiscal Adjunto de Cordillera Roberto Zacarías, designó en forma provisoria a la fiscala Zulma Benítez, que el 20 de setiembre fue objeto de recusación también por la representación legal de la denunciante en vista que “cuenta en su haber con un sin número de denuncias por mal cumplimiento de sus funciones que se constituyen en cuestiones de público conocimiento, lo que ocasiona una absoluta desconfianza de mi parte para el seguimiento de esta delicada causa que me afecta”.
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Posteriormente, la fiscala Noelia Montanía fue confirmada al frente de la causa por el fiscal Adjunto Roberto Zacarías. Esta resolución fue impugnada el 2 de octubre, por la denunciante ya a instancias de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular Emiliano Rolón, terminó por confirmar nuevamente a la agente el pasado 25 de octubre.