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En conversación con ABC Color este miércoles, Hernán Escobar, director del sistema 911 de la Policía Nacional en el Ministerio del Interior, comentó que el proceso de licitación para el servicio de tobilleras electrónicas que las autoridades buscan implementar en personas con arresto domiciliario u órdenes de alejamiento está en su etapa final y que la implementación podría comenzar el próximo mes.
Escobar afirmó que está culminando el proceso de evaluación de las ofertas de las empresas interesadas en proveer el servicio y la prueba de las tobilleras y estimó que la adjudicación podría darse en unos cinco días.
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La colocación de tobilleras podría comenzar en unos 30 días, agregó.
El representante del Ministerio del Interior recordó que en principio se implementará el uso de 20 tobilleras en un proceso inicial que servirá para “ajustar protocolos” para la colocación y la reacción de la Policía ante eventuales alarmas de violación de las restricciones impuestas a los “beneficiarios” de los dispositivos.
Enfatizó que el Estado no adquiere las tobilleras en sí, sino el “servicio”, comparando la modalidad con lo que ocurre cuando una persona compra un teléfono celular con un plan de datos.
“Es un contrato abierto, pagamos por las tobilleras activas y no por un paquete”, agregó.
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El contrato prevé el uso de hasta mil tobilleras y la ley relacionada obliga a los “usuarios” a pagar por el servicio.
Control de cámaras privadas
Escobar comentó también sobre el controversial proyecto de ley presentado por el diputado colorado cartista Yamil Esgaib (ANR) que plantea dar al Gobierno acceso a cámaras de seguridad privadas.
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Calificó de “interesante” la idea de llegar a un “acuerdo” por el cual la Policía, a través del sistema 911, pueda tener acceso a las transmisiones de cámaras de comercios y otras empresas que apunten a la vía pública para “poder conectarnos y tener en el 911 el control de lo que pasa en la calle”.
Sin embargo, señaló que sería necesaria una eventual “ley de videovigilancia” que regule la situación y enfatizó que esa ley debe ir acompañada de una normativa de protección de datos para salvaguardar la privacidad de la ciudadanía.
Solo el 65% de cámaras del 911 en Asunción funcionan
Escobar comentó que alrededor del 65 por ciento de las cámaras del sistema 911 en Asunción funciona, mientras que el resto han dejado de transmitir o son demasiado antiguas para funcionar correctamente; algunas datan de hace más de diez años.
Además del reemplazo de esas cámaras obsoletas, indicó que está en preparación un proyecto del Gobierno con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea que dotaría a Asunción de unas 1.500 cámaras nuevas con un sistema de control potenciado por inteligencia artificial que, según explicó, permitiría al software “evaluar y parametrizar” lo que observan las cámaras por cuenta propia.
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Eso permitiría al 911 recibir rápidamente datos de infracciones observadas por esas cámaras, desde giros indebidos o motociclistas sin casco hasta personas portando armas y vehículos denunciados como robados.