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En el operativo participaron alrededor de 160 agentes federales, que cumplieron con 63 órdenes judiciales en ciudades como Umuarama, Guaíra, Maringá, Rolândia (Paraná), Amambai, Naviraí y Mundo Novo (Mato Grosso do Sul). También se emitieron 11 órdenes de captura a través de Interpol para los miembros de la organización, que según las investigaciones se encuentran en Paraguay.
La investigación comenzó a finales de 2023 tras el arresto de una pareja en Guaíra (ciudad fronteriza con Saltos del Guairá, Paraguay) con 53 kilos de cocaína. La droga tenía como destino la ciudad de Umuarama y permitió rastrear otros cargamentos y conectarlos con varios sospechosos de la red criminal.
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Durante la investigación se incautó casi una tonelada de cocaína, pero se estima que la organización logró enviar más de 20 toneladas desde 2020. La droga era cargada en Pedro Juan Caballero, transportada hasta Katueté (Paraguay) y luego ingresaba a Brasil por la región de Guaíra o Foz de Iguazú, con destino a ciudades como Curitiba y Maringá en Paraná, además de otros puntos de distribución en Santa Catarina.
Para disimular el tráfico la organización utilizaba parejas que viajaban juntos en vehículos, haciéndose pasar por turistas o familias, lo que les ayudaba a evadir los controles policiales.
Las autoridades brasileñas ordenaron el bloqueo de bienes y cuentas bancarias relacionadas con los implicados, por un valor total de 389 millones de reales, como una medida para debilitar financieramente a la red. Entre los activos incautados se encuentran propiedades y vehículos de lujo vinculados a 31 investigados.
La operación se realizó en coordinación con la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Senad en Paraguay y contó con el apoyo de unidades especializadas brasileñas, como el Batallón de Policía de Fronteras (BPFron) y el Grupo Táctico Integrado de Represión Especial (TIGRE) de la Policía Civil de Paraná.
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Los detenidos, cuyas identidades se mantienen en reserva, enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas y asociación criminal, delitos que en conjunto podrían representar penas de hasta 55 años de prisión para los condenados.
Esta intervención busca no solo frenar el tráfico de cocaína, sino también desmantelar la infraestructura financiera de la organización, golpeando sus activos y limitando su capacidad operativa en la región fronteriza entre Brasil y Paraguay.